Algunos la planean, algunos la ejecutan y algunos la apoyan. Esos son quienes se benefician con ella; y las mayorías son quienes la padecen.
Mucho se ha escrito y hablado sobre la última dictadura, incluso ya es materia de estudio en todos los niveles de la educación nacional. Por eso este humilde servidor público aprovecha la conmemoración del aniversario del comienzo de aquel trágico golpe de estado para repasar un aspecto no muy transitado de aquella dictadura: las razones económicas del mismo.
Mucho se ha escrito y hablado sobre la última dictadura, incluso ya es materia de estudio en todos los niveles de la educación nacional. Por eso este humilde servidor público aprovecha la conmemoración del aniversario del comienzo de aquel trágico golpe de estado para repasar un aspecto no muy transitado de aquella dictadura: las razones económicas del mismo.
Para ello
acudiremos a extractos de algunas notas sobre el tema y a la palabra más
autorizada para dilucidar las verdaderas razones de aquel golpe: la de su
principal protagonista, Eduardo Rafael Videla.
Empecemos por
un repaso histórico de aquella dictadura:
Golpe más terrorismo de Estado.
(...) aquel fatídico 24 de marzo de 1976,
cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de
las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el
voto popular. Para aplicar aquella "reorganización nacional" -que
gustaba imaginarse a sí misma como la continuadora de la "Organización
Nacional" iniciada por Mitre en 1862-, los usurpadores del poder creyeron
necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de
concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron claramente en contra. El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un "gobierno de orden" traería las soluciones esperadas.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron claramente en contra. El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un "gobierno de orden" traería las soluciones esperadas.
Las primeras
medidas de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla, ungido
presidente por sus pares, no dejaron lugar a dudas sobre su carácter:
establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas
las legislaturas provinciales y municipales, remplazo de todos los miembros de
la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento
e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y
censura previa sobre todos los medios de comunicación.
La censura
llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana.
Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en
la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna
por considerársela subversiva.
La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta: "La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños, y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905 hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia". Así hablaban los supuestos defensores del pensamiento "occidental y cristiano".
A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: "Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas". Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano.
Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron el 87,5%, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17% del Producto Bruto Interno.
La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta: "La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños, y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905 hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia". Así hablaban los supuestos defensores del pensamiento "occidental y cristiano".
A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: "Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas". Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano.
Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron el 87,5%, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17% del Producto Bruto Interno.
Los
preparativos del golpe.
(…) Como señala Alberto Dearriba, con el telón de fondo de las huelgas
“que se desarrollaron entre junio y mediados de julio, los militares comenzaron
a entenderse: en ese lapso los tres comandantes se reunieron una docena de
veces, cuando sólo lo habían hecho cuatro veces desde el comienzo de 1975 y
ninguna durante 1974.
Simultaneamente, empezaron a dialogar más fluidamente con los
empresarios liberales agrupados en el Consejo Empresario Argentino (CEA) que
presidía un conspicuo representante de la clase dominante, nieto del fundador
de la Sociedad Rural Argentina y reciente triunfador en Villa Constitución:
José Martínez de Hoz.
Los empresarios golpeaban a las puertas de los cuarteles para reclamar
orden”. Fue en estos días en los cuales el futuro ministro de Economía de
la dictadura y Videla mantendrían las primeras entrevistas, y también la fecha
en que las FF.AA. comenzaron a avanzar sobre el espacio político, empezando a
presionar al gobierno para imponer su propia agenda.
Con su situación interna estabilizada, el Ejército estrechó filas con la
Marina en la búsqueda conjunta de un plan común para el futuro político de la
Argentina. Comenzó “(…) a crecer la
conciencia de la importancia de otra sustitución: la del poder político por las
Fuerzas Armadas. La impresión se iría profundizando durante los meses
siguientes, corriendo progresivamente el telón sobre el escenario de la
Argentina prerrevolucionaria”.(…)
Inmediatamente empezaron los contactos con sectores civiles adictos a la
prédica militar y aliados históricos del golpismo militar. Así fue como un
grupo de empresarios y economistas nucleados alrededor del CEA comenzaron a
elaborar un plan económico ultraliberal basado en una apertura salvaje de la
economía nacional y en el desguace de la pequeña y mediana industria.
El futuro plan económico que iba a implementar la dictadura, con los
resultados conocidos y padecidos por la inmensa mayoria del pueblo argentino,
fue la obra de un grupo de civiles, defensores del liberalismo más acérrimo,
conocido como “el grupo Perriaux”, denominación derivada del mentor y líder del
mismo: Jaime (Jacques) Perriaux, ex ministro de Justicia durante el gobierno de
facto del general Agustín Lanusse.
Los orígenes de este grupo, conformado por empresarios y economistas,
todos pertenecientes a los grupos de poder de la Nación y caracterizados por su
anticomunismo y antiperonismo visceral, se remontan al viejo “Club Azcuénaga”,
nombre tomado por la dirección de la casa, ubicada en la calle homónima de la
Capital Federal, donde este grupo realizaba sus reuniones, casa cedida a tales
efectos por Carlos Pedro Blaquier, dueño entre otras propiedades del ingenio
Ledesma, el más grande de Argentina, productor de papel, azúcar, citricos, etc.
Al mencionado club lo dirigió en un principio Federico de Alzaga, un
coronel de caballería ligado a una de las familias más patricias del país.
Posteriormente mudaron de dirección y Perriaux se hizo cargo del grupo, que
entre otros reunia a Enrique Loncan, Horacio García Belsunce, ex secretario de
Hacienda del gobierno títere de José María Guido; José Martínez de Hoz; Luis
Carlos García Martinez, jefe del gabinete de asesores de Martínez de Hoz,
durante la dictadura; Jorge García Venturini; Mario Cárdenas Madariaga, futuro
secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura; Alberto Rodríguez
Varela y Guillermo Zubaran, secretario de Energía durante la dictadura .
Como siempre fue costumbre a lo largo de la historia argentina, los
grupos de poder han mantenido aceitados contactos con las cúpulas militares y
el “grupo Perriaux” no fue la excepción, sino todo lo contrario.
Fue el general de brigada Hugo Miatello quien puso en contacto al grupo
con el Ejército. Miatello, un hombre clave en el diseño del golpe del 24 de
marzo de 1976 y de los planes represivos de la Junta, habia sido hasta 1973,
fecha en el que el gobierno de Héctor Cámpora lo pasó a retiro por buenas
razones, una figura central dentro del aparato de Inteligencia Militar ya que
se había desempeñado, durante la presidencia de Agustín Lanusse, como jefe de
la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y también como director de la
Central Nacional de Inteligencia.
Finalmente,
el Plan Económico de la Dictadura.
Las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del
golpe se instalaron principalmente en el Ministerio de Economía, que se le
entregó al Consejo Empresario Argentino asumiendo su presidente, el empresario
José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro. La Secretaría de Ganadería le
correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge
Zorreguieta (N.d.E.: Sí, el padre de Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda). Por su parte, el Banco Central le fue entregado a la Asociación
de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), siendo designado el economista
Adolfo Diz, ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y adscripto
a la Escuela de Chicago. Como Secretario de Estado de Programación y
Coordinación Económica, fue nombrado Guillermo Walter Klein de la Cámara
Argentina de Comercio. El Ministerio de Educación también estuvo a cargo, desde
un inicio, de un grupo de civiles provenientes del CONICET (Fundación FECIC),
siendo nombrado Ricardo Bruera. Más adelante otros ministerios también quedaron
a cargo de los grupos civiles, como el de Justicia, el de Relaciones
Exteriores, el de Defensa y el de Salud. Por otra parte, a
partir del la "presidencia" de Viola, el Ministerio de Economía se
desdobló en varios ministerios que estuvieron a cargo de las organizaciones
empresariales.
El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de
"gobernadores" en cada provincia e "intendentes" en las
ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó
casi siempre en un militar. En el caso de los "intendentes" de ciudades,
en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad
de Rosario, la segunda del país en aquel momento. Los partidos políticos,
explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes"
de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia:52
Unión Cívica Radical: 310
Partido Justicialista: 169
Partido Demócrata Progresista: 109
Movimiento de Integración y Desarrollo: 94
Fuerza Federalista Popular: 78
Movimiento Popular Neuquino: 23
Partido Demócrata Cristiano: 16
Partido Intransigente: 4
Partido Socialista Democrático: 1
El plan económico.
El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado
básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de
Economía hasta el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese
momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente
incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por
primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973.
Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo
occidental, a partir de las reformas económicas del presidente Ronald Reagan en
Estados Unidos ("reaganomics") y la primera ministro Margaret
Thatcher, en Gran Bretaña.
El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como
objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera.
Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la
finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y
promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones
masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas
industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler,
Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de
Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de
empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial
había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta
entonces extendida industria textil, la caída superó el 15%.
Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las
leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los
sindicatos, y la política represiva del Terrorismo de Estado, Martínez de Hoz
decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una
caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre
una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae
bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más ha
vuelto a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se
ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en
1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran
Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable,
partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983,
con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la Guerra de Malvinas).
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una
política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un
sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley
21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la
tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para
intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia
entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación;
para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del
pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de
más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue
enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un
mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las
pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de
interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y
condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus
viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la
situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de
inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue
producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de
7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al
finalizar 1983. El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una
operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares
y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas
dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y
otros s/ Defraudación».
Los gauchos de Martínez de Hoz.
Ambos oriundos de Entre Ríos, ambos propietarios de campos ganaderos.
Jorge Zorreguieta y Mario Cadenas Madariaga— uno de los miembros activos del
grupo Perriaux— traban amistad en la juventud y una larga relación que los
uniría en el poder durante el gobierno de Videla en 1976. Cadenas Madariaga
asume como Secretario de Agricultura y Ganadería de la mano de Martínez de Hoz:
un puesto clave ya que representaba los intereses de los dueños de la tierra en
el régimen militar. Lo secunda su delfín y amigo, Zorreguieta, como
subsecretario de Agricultura en total comunión con los ideales del régimen. Así
lo recordó el diputado y jefe de los pequeños y medianos ruralistas, Humberto
Volando: "Zorreguieta era un lobbista profesional del campo". Siempre
vinculado a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Zorreguieta actuó como delegado
de SRA desde 1966. A Martínez de Hoz lo conoce, por lo menos desde 1968. Ambos
son vocales en Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres
(ACIEL). Previo al golpe del 76, Zorreguieta también asiste a las reuniones de
la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) donde
participa en la organización del paro empresario del 16 de febrero del 76 que
es visto como la cuenta regresiva para el asalto de los militares al poder.
"En la APEGE había grupos ultraliberales de la Sociedad Rural. Zorreguieta
estaba en ellos en las reuniones de APEGE", afirmó Osvaldo Cornide,
presidente de CAME.
Gracias a las aceitadas relaciones que mantiene con los hacendados y
terratenientes argentinos, sectores clave en el régimen videlista, Zorriegueta
no renuncia cuando su amigo, Cadenas Madariaga deja su cargo. Videla y Martínez
de Hoz le toman juramento como nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería el 6
de abril de 1979. El 20 de mayo de 1980, durante una conferencia de prensa
efectuada a las 19 en el Salón Verde de Agricultura, Zorreguieta dijo: "Debemos
recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a
apoyar al sector agropecuario el cual, en el momento de la prueba, hace cuatro
años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del
Proceso de Reorganización Nacional".
Repasemos ahora el resultado de este plan económico en la pobreza:
.png)
Y
luego, el ofrecimiento de un plan económico-político del poder financiero (¿miembros del "Círculo
Rojo"?) de ese momento.
La propuesta política de los banqueros.
En el texto figuran metas económicas, como las privatizaciones y la
prohibición de la actividad sindical. Pero también las aspiraciones políticas,
entre ellas la restricción del derecho al voto.
“¿Cuál es la imagen del país deseado?”, sentencia un documento elaborado
por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) para “contribuir”
a la planificación política, cultural y económica de la última dictadura. El
plan de acción que gestó este grupo de banqueros en 1978 hacía especial
hincapié en una serie de medidas que conduzcan a la Argentina a una “auténtica
economía de mercado”, pero sus consejos no se circunscribieron a esa área. En
el texto de 345 páginas se tratan distintos tópicos, entre ellos, la necesidad
de denegar el acceso al voto universal y obligatorio a personas analfabetas o
sin estudios básicos completos y la devolución de Las Malvinas. En el área
económica, las recetas de Adeba, muchas de las cuales aplicó la dictadura y
reflotó el menemismo, incorpora privatizaciones, evitar la actividad sindical,
focalizarse en la economía agropecuaria y extractiva de recursos e importar
mano de obra calificada proveniente de Europa Occidental con el objetivo de
evitar la “amenaza del marxismo”.
Dentro del cúmulo de documentos que se hallaron en el Edificio Cóndor de
la Fuerza Aérea se encuentra un documento de Adeba titulado Presentación
Atinente a los Antecedentes. Fundamentos y Alcances para un Esquema de Proyecto
Nacional. El voluminoso documento –que ayer comenzó a difundir la TV Pública–
incluye una carta del entonces presidente de la entidad, Narciso Ocampo, que
presidía también el Banco Ganadero Argentino, y es dirigida al ministro de
Planeamiento, general Carlos Laidaw.
El documento esboza una serie de “propuestas políticas fundamentales
para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional”. En lo
referido a cuestiones sociales, sostiene que “el voto debe ser considerado como
un derecho y no como una obligación y por lo tanto debiera en lo futuro cesar
en su carácter de obligatorio”. Es allí donde detalla que deben ser excluidos
de este derecho a los analfabetos y a los que no hayan cumplido el ciclo
primario de instrucción. También solicita prohibir expresamente “la realización
de actividades políticas por parte de los sindicatos”. Pretende la desaparición
de la gratuidad de la enseñanza a nivel superior y universitaria, lo que
supuestamente hubiese permitido “elevar sustancialmente el coeficiente de
productividad del gasto universitario”. De todos modos, el núcleo duro del
trabajo se encuentra en materia económica.
El capítulo sobre políticas económicas se sustenta en dos requisitos que
la entidad considera prioritarios: implantar una economía de mercado y transformar
el “Estado-intervencionista en un Estado-estratega”. En esa línea, aboga una
efectiva independencia institucional del Banco Central, la supresión de
organismos estatales “que no cumplan una función prioritaria en las actuales
circunstancias del país” y un programa de reducción obligatoria de la dotación
de personal de cada ministerio, Secretaría de Estado y organismos
descentralizados. Los temas de corte netamente neoliberal abarcan política de
precios, atendiendo a la libertad de mercado, igual que con los temas que
corresponden al sector agrícola, a la industria y los servicios públicos.
En cuanto a la privatización de servicios lo argumenta en que “el Estado
es tan ineficaz que se ha tornado impotente para devolver a la sociedad en
forma de servicios eficaces” lo que administra. Reivindica la Generación del
’80, elite gobernante entre 1880 y 1916, procedente de familias aristocráticas
de las provincias y la Capital.
El endeudamiento, una característica distintiva del proceso de
valorización financiera que se abre con el golpe del ’76, es parte fundamental
también del programa económico de Adeba. Defiende entonces la “interconexión
con los grandes centros financieros mundiales, a fin de permitir a la economía
argentina disponer de los recursos adecuados en cuantía y modalidad
indispensables para proseguir con su desarrollo económico”. En cuanto a
precios, los banqueros vinculan la inflación con un “subproducto de la
subordinación del Estado a la presión de los intereses sectoriales”.
Ese paquete se completa con propuestas de afianzar el sistema financiero
nacional y “mejorar la eficiencia del sector público, a fin de permitir la
disminución de su peso sobre el conjunto de la estructura económica”.
“El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución
de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país
requiere en esta hora crucial”, concluye.
Mucho más que simples colaboradores.
Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley, algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples “colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras, convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación del poder financiero.
Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Un proceso cuyo objetivo final no era otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran hasta nuestros días”.
Nota completa
Pero en esos años del mundial no todas las empresas (entre ellas los medios) apoyaban la dictadura. Por ejemplo la revista "Humor Registrado" era un oasis de democracia y periodismo independiente en medio del periodismo colaboracionista reinante. Como ejemplo baste la tapa y un chiste del primer número y la tapa del número 24.
Y, además, no todos los periodistas ignoraban lo que estaba sucediendo, e incluso algunos lo difundían con los medios que tenían a la mano (como vimos en la Revista Humo(R). Por eso, repasemos lo que escribía Rodolfo Walsh en el punto 6 de su famosa "Carta Abierta a la Junta Militar" al año de comenzada la dictadura:
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se
aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política
económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las
automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente
el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un
aumento del 722 % en los precios de la producción animal en 1976 define
la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz
en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su
presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos
pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser
baratos”.
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido
posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento,
donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin
producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras,
valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son
hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de
los corruptos”. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito
nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la
Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las
bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso,
rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o
Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos
cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales,
dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la
ideología que amenaza al ser nacional.
Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto
gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin
esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al
compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos
difíciles.
Rodolfo Jorge Walsh. - C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
Nota completa
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se
aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política
económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las
automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente
el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un
aumento del 722 % en los precios de la producción animal en 1976 define
la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz
en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su
presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos
pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser
baratos”.
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido
posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento,
donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin
producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras,
valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son
hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de
los corruptos”. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito
nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la
Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las
bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso,
rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o
Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos
cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales,
dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la
ideología que amenaza al ser nacional.
Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto
gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin
esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al
compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos
difíciles.
Rodolfo Jorge Walsh. - C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
Nota completa
Por último, repasemos la
palabra del protagonista principal de la última dictadura en el último reportaje que concedió, donde
queda claro las verdaderas razones del golpe de 1976:
Videla.: Los
empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro
ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de la Hoz, era un
hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un
buen entendimiento y contacto. Hubo algún roce, claro, como suele suceder,
porque cada uno defiende sus intereses siempre. Pero, en general, fue una buena
relación.
Aunque
quiero decirle algo, los decretos de Luder nos dieron todo el poder y
competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que
habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para
matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de
1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera
sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene
dado por otras razones que ya explique antes, como el desgobierno y la
anarquía a que habíamos llegado. Podía desaparecer la nación argentina,
estábamos en un peligro real. No es que los militares nos levantáramos un día
de la cama y nos hubiéramos dicho: ¡vamos a ir de cacería o a matar
"jóvenes idealistas"! Nada de eso, había otras razones de otra
índole. Pero realmente Luder nos había dado para la guerra todas las
formas y medios que necesitábamos, en nosotros estaba el ser prudentes
o no, queriendo reconocer que en algunos casos hubo excesos.
El
verdadero objetivo del golpe fue (contrariamente a lo que por décadas afirmaron
sus partidarios y exégetas) político y económico, no militar, según lo aclara
el mismo Videla:
“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos tambiéndisciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.
“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos tambiéndisciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.
¿Pero,
en ese entonces qué pensaba del golpe la clase empresaria nacional?
Videla reconoce que “Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!”
Videla reconoce que “Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!”
Ante los hechos que rememoramos aquí sobre la dictadura que, como vimos, no llovió del cielo y para combatir el olvido de sus causas, es que este humilde Basurero repite una frase que todos cononemos: Nunca más.
