En un nuevo capítulo de periodismo ficción practicado por los medios hegemónicos, presentamos hoy la cobertura de una denuncia mediática y luego judicial (similares pero no iguales) sobre una empresa en la que tiene acciones la presidenta.
El argumento mediático del capítulo de hoy sería algo así como "La presidenta fue denunciada por corrupta y lavado de dinero", o "algo parecido"...
Pero repasemos primero lo que se dijo en los medios al respecto en forma cronológica, y lo que se fue construyendo en este nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
(Para conocer la definición de Periodismo Ficción que utilizamos, buscarla aquí)
Hace varios días, Clarín informaba que la sede de la empresa en Buenos Aires no existía desde hace años:
10/11/14
Hotesur, la empresa de Cristina que no presenta balances y debe impuestos.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN.
La información sobre el funcionamiento irregular de Hotesur fue difundida anoche en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata.
La diputada Margarita Stolbizer (GEN) analizó la situación de Hotesur y llegó a la conclusión de que es “una empresa retrucha”: “Es increíble, la propia Presidenta reconoce en su declaración jurada que tiene una participación accionaria en Hotesur, pero después no cumple con lo mínimo que requieren las normas de la IGJ”.
Según declararon ellos mismos, los Kirchner compraron la firma Hotesur en el 2008.
La sede social de la empresa, por ejemplo, quedó radicada en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva.
Lo mismo pasó con los estados contables de la compañía, una cuestión clave para que se conozca cómo fue el desempeño financiero de la firma. Los Kirchner no presentaron ante la IGJ varios de los balances que corresponden a los ejercicios de los últimos años.
El diario La Nación publicó a fines del año pasado que Hotesur no había presentado sus últimos balances. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de Julio Alak, emitió en aquel momento un comunicado asegurando que el organismo había intimado a Hotesur para que se ponga en regla.
La ex directora de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, explicó que ante estos incumplimientos de Hotesur, el organismo podría dictaminar que la empresa está “inactiva”.
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20/11/14
Allanaron la empresa de Cristina que controla el hotel Alto Calafate.
El avance de la Justicia. Con fuerzas de la Policía Metropolitana, el juez Bonadio también se llevó documentos de la AFIP y la IGJ. Investiga si la firma no presentaba balances y funcionaba de modo ilegal.
Desde ayer, esta empresa de la presidenta Cristina Kirchner es investigada por la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía funciona de modo ilegal gracias a la complicidad del área gubernamental que en realidad debería controlarla. Fue por eso que Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Alto Calafate, llamada Hotesur.
El programa “Periodismo Para Todos” –conducido por Jorge Lanata– y también Clarín, habían informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva; la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables; tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.
El allanamiento de Hotesur ratificó una parte sensible de lo publicado: la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, supo Clarín en base a fuentes que conocieron la trastienda de los distintos operativos judiciales.
El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.
La legisladora resume en un párrafo las sospechas que generan las irregularidades comerciales del hotel: “Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en Hotesur SA vale 9.367.528,85 pesos al 2013. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010”.
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20 de noviembre de 2014
Allanaron Hotesur, la empresa que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner
El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta mañana el allanamiento de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que administra un hotel en El Calafate, que es propiedad de la presidenta Cristina Kirchner.
La diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) radicó hace diez días una denuncia penal contra la Presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur S.A.
Para la legisladora, la justicia debe investigar si la Jefa de Estado pudo haber incurrido en los delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".
Stolbizer pidió que se investigue si la sociedad le debe a la IGJ balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades en cuanto a la conformación de la sociedad.
"Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner", dijo Stolbizer.
Las supuestas anomalías fueron difundidas este domingo por el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13, donde se vieron varios testimonios con denuncias al respecto, entre ellos el de la propia Stolbizer
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Cruces por la actitud de Bonadio.
El allanamiento “es una irresponsabilidad de procedimiento jurídico”, aseguró Cabandié, quien acusó a Bonadio de “actuar en respuesta ante el enojo por la nueva composición del Consejo de la Magistratura”. El diputado mencionó que el juez “todavía tiene que dar explicaciones sobre la fraudulenta venta, durante los ’90, de Tandanor”, el astillero que fuera reestatizado por el kirchnerismo, “por la persona que mató durante el 2001” y por “la causa de la curtiembre de los Yoma”. Para Cabandié, Bonadio “es uno de los jueces de la servilleta de Corach, ya que fue su subsecretario de Legal y Técnica” y pertenece a “esa corporación judicial que nunca avanza con las causas de Clarín y absuelve a los De la Rúa”.
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24 de noviembre de 2014
La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner.
Por Carlos Pagni
Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.
En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler.
Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos.
Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner..
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26 de noviembre de 2014
Por Joaquín Morales Solá
El problema del Gobierno es que ese juez se niega a seguir la estrategia oficial, que consiste en encerrar el escándalo en las infracciones administrativas de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia. Esos faltantes (de balances, de notificaciones sobre la composición del directorio) se podrían resolver con una multa ridícula de 3000 pesos.
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La respuesta de la IGJ.
La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió ayer a los cuestionamientos que surgieron tras la denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer y el posterior allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio a la firma Hotesur SA. Según un comunicado de ese organismo, no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre esa sociedad, vinculada con la familia Kirchner, porque de acuerdo con las normas vigentes, los incumplimientos formales en los que incurrió esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (...) “según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ” de Hotesur SA “configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas”. Además, el texto descarta un trato diferencial para esa empresa al agregar que “tampoco se han emitido ROS sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)”.
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LA OPERACION ESCUDO DE BONADIO: HASTA STOLBIZER SE DESLIGO DEL CUESTIONADO JUEZ - 25-11-14
Entonces, la denuncia no era contra la presidenta, ni era por lavado, como se dijo en los medios hegemónicos. Pero sigamos investigando para ver si existe alguna sospechosa segunda intención del juez que interviene en el caso.
De dudosa validez
El testimonio de Silvia Martínez, la perito que citó el juez federal Claudio Bonadio luego de allanar a la IGJ la semana pasada, podría no ser válido ya que ella es abogada de Margarita Stolbizer, cuya denuncia dio comienzo a la causa. Además, Martínez se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedad en la misma IGJ entre los años 2009 y 2012, organismo contra el que litigó sin éxito luego de su alejamiento. Además, ella ha realizado varias denuncias a través de “investigaciones periodísticas” de medios opositores, incluyendo una sobre la desaparición de expedientes vinculados con la ex Ciccone, que –curiosamente– tuvieron lugar durante su gestión y bajo su responsabilidad.
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Stolbizer reconoció que la perito de Bonadío es su asesora.
La diputada nacional del GEN reconoció que la perito de parte citada por Claudio Bonadío
“En el programa de Jorge Lanata la entrevistaron y por esa razón Bonadío la citó”, explicó Margarita Stolbizer la convocatoria de su asesora Silvina Martínez por parte del juez Claudio Bonadío, para que haga las veces de perito a la hora de allanar la empresa Hotesur SA.
Tras reconocer que es su asesora debido a "su gran conocimiento técnico", la diputada nacional explicó que la denuncia que presentó “no fue contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino contra la inacción de la Inspección General de Justicia, que no cuenta con los datos de la sociedades comerciales registradas”.
“Decidí hacer la denuncia cuando tomé la declaración jurada de la Presidenta, observé que reconocía una participación en una empresa que tuvo grandes ganancias y cuando intenté buscar cuál era esa participación que tenía, no la encontré”, se justificó la legisladora.
En declaraciones a C5N, Stolbizer se desligó de las acciones extemporáneas del juez Bonadío, al señalar que "tendrá que hacerse cargo de lo que hizo”, al tiempo que aclaró reiteradamente que “no” lo conoce.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ, ya que arrancaron cuando cesó en su función como directora e inició acciones legales contra el organismo solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
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La perito 'imparcial' de Bonadío resultó bastante parcial.
Cuando el juez Claudio Bonadío ordenó el allanamiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) por las infracciones de Hotesur, tuvo a disposición una perito 'imparcial': la abogada Silvina Martínez. Enterate quién es esta abogada.
Lo que ahora se sabe, es que Martínez tan imparcial no es... Se trata de una letrada que viene patrocinando causas judiciales a nombre de Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y una de las principales referentes del frente Unen.
Martínez, además, se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de la Justicia entre 2009 y 2012, y es contra ese organismo que la abogada lleva adelante causas judiciales.
Según una investigación realizada por Minuto Uno, el vínculo de Martínez como abogada patrocinante de Stolbizer es fácilmente comprobable accediendo al sistema online del Poder Judicial de la Nación.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ. Arrancaron cuando cesó en su función como directora en la IGJ: inició acciones legales contra el organismo.
Entre otras, solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
Para completarla, fue convocada en varias ocasiones como fuente destacada para "investigaciones periodísticas" de los medios del Grupo Clarín y del diario La Nación.
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Suma 69 denuncias en su contra.
Gobierno denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó este jueves al mediodía ante el Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio por presunto "mal desempeño" de sus funciones y pidió el inicio del juicio político.
En el marco de un plenario del organismo, Álvarez dijo que "Bonadio condiciona a este Consejo con causas judiciales" ya que "en el mismo momento en que se desarrollan los plenarios, él ordenan medidas judiciales".
Según explicó el funcionario, sobre el magistrado pesan 69 denuncias en el Conejo de la Magistratura, de las cuales al menos nueve -ahora son 10- pueden habilitar a decretar su destitución.
Al ser consultado por las razones que motivar al Poder Ejecutivo a iniciar el trámite objetivo de la décima denuncia, Álvarez dijo: "A nosotros nos mueven los bomberos (de Barracas), las víctimas de la Tragedia de Once, de la AMIA y los cientos de hemofílicos que fallecieron".
"Las medidas que toma siempre son exageradísimas. Es un pistolero y utiliza la motivación de sus causas judicial con las denuncias que tienen en su contra. No podemos permitir que ningún juez juzgue por motivaciones o razones políticas", enfatizó el secretario de Justicia.
En ese marco, volvió a rechazar las medidas tomadas en la causa por Hotesur. "Podía haber ordenado un oficio, ni el fiscal pidió allanamiento. Cada vez que se trató una de esas denuncias, Bonadío tomó una represalia contra el Gobierno nacional", afirmó, y recordó la citación a declaración del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medida, y del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.
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Los nueve expedientes contra el juez.
- Causa Tandanor: El Tribunal Oral Criminal 5 lo denunció por la demora en elevar a juicio una causa por defraudación a la administración pública, que implicó el sobreseimiento por prescripción. En 1991, en el marco de la Ley de Reforma del Estado y mientras Bonadio formaba parte del Poder Ejecutivo, se produjo la transferencia del paquete accionario de la sociedad Tandanor al consorcio Marítimos S.A., que incurrió en diversas maniobras para frustrar el pago de 52 millones de pesos. Bonadio recibió la causa en diciembre de 2002. En 2006, querellantes y fiscales piden la elevación a juicio, que Bonadio materializó recién a fines de 2009.
- Causa Yoma: También por demoras injustificadas que derivaron en la prescripción de los delitos. En diciembre de 2000, la curtiembre Yoma, que hacía uso y abuso de un régimen de promoción industrial, fue denunciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por defraudación a la administración pública. Bonadio tardó cinco años para llamar a los imputados a prestar declaración indagatoria y otros cinco para elevar la causa a juicio.
- Causa Hemofílicos: Médicos y titulares de laboratorios fueron denunciados por el contagio de más de 1200 pacientes hemofílicos con los virus HIV, Hepatitis B y C, por suministrar concentrados sin el método de incentivación viral correspondiente. Bonadio fue denunciado por demorar la instrucción: tardó tres años en citar a indagatoria y en otros casos no lo hizo nunca pese a la orden de la Cámara Federal.
- Causa Marutian: El abogado Andrés Marutian, defensor del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, lo denunció por rechazar in límine un pedido de exención de prisión sin dar intervención al fiscal. La Cámara Federal revocó la decisión y señaló que eran irrazonables los motivos.
- Causa Tragedia de Once: El abogado querellante Gregorio Dalbon lo acusó de utilizar la causa con fines propios y no para buscar la verdad. Señaló que Bonadio orientó la investigación a demostrar una acción fraudulenta del Estado y citó como ejemplo el sobreseimiento del maquinista, revertido luego por la Cámara Federal.
- Causa Rúa: El abogado Alejandro Rúa lo denunció por mal desempeño y lo responsabilizó por una “campaña de hostigamiento e intimidación” para limitar el ejercicio de la defensa de sus clientes, situación que cesó recién cuando la Cámara Federal apartó a Bonadio de la causa.
- Causa Once, búsqueda de Lucas Menghini Rey: El abogado Dalbon lo acusó de imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas para ocultar su propia responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo. Bonadio ordenó cesar la búsqueda pese a las sugerencias de utilizar métodos alternativos que no afectaran la escena. Ante la repercusión pública, imputó por incumplimiento de deberes a bomberos y policías.
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Para colmo, el "padre" Bonadío sermonea: Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago...:
Ercolini investigará a Bonadio por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Julián Ercolini salió sorteado para encargarse de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes contra el magistrado Claudio Bonadio.
El expediente 12032/2014 se abrió contra los denunciados Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Climent y Alejandro Vicente Climent.
Fuentes los denunció por presunto "enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público e incumplimiento y violación de deberes de funcionario público".
La denuncia, que se efectuó ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires, se origina en noticias periodísticas publicadas este martes, explicó.
Según el legislador, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma "Mansue S.A.", dedicada a la venta de combustible.
Según se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
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Vemos, entonces que las razones de la denuncia contra la presidencia, que no era contra la presidenta, tiene otros componentes extrajudiciales, donde los intereses del propio juez se asocian a los de los medios hegemónicos opositores en un nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
Para ver el capítulo anterior de Periodismo Ficción, cliquear acá.
