Además, uno de los magnates más famosos del mundo, George Soros, y uno de los más influyentes operadores financieros de Wall Street, Kyle Bass, salen a la cancha a enfrentar a Griesa y su polémico fallo que beneficia a los fondos buitres.
Pero, primero veamos lo que nos dice el Premio Nobel:
La moratoria ‘a la Griesa’ de Argentina.
Los países que emitan deuda ya no se fiarán de la justicia de EE UU y elegirán otros mercados.
El 30 de julio pasado los acreedores de Argentina no recibieron su pago semestral sobre los bonos reestructurados tras la última moratoria de este país, en el año 2001. Argentina había depositado 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon unos días antes para dicho efecto. No obstante, este banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE UU Thomas Griesa había ordenado que Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que primero pague completamente —incluyendo el pago de intereses vencidos— a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha restructuración.
Por primera vez en la historia, un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores no puede hacerlo porque un juez se lo impide. Los medios de comunicación denominan a la situación como una suspensión de pagos por parte de Argentina, pero el hashtag #griesafault en Twitter describe dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con las que tiene con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta el comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en 2005 y 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo, y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.
Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar su inversión con los intereses, intereses que, en el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país —el tipo de interés más alto ofrecido cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de que existía entonces de que había una posibilidad de suspender pagos—. Griesa consideró que esos tipos eran razonables. Económicamente, sin embargo, no tienen ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de suspender pagos que deba ser compensado.
El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría la economía argentina. NML Capital y los otros buitres, que a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de 1.500 millones de dólares. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (un 6,6% del total) recibirían 15.000 millones. Y, debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha restructuración podrían demandar que sus deudas sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en la quita, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar 140.000 millones adicionales.
Pero, además, la existencia de las permutas por incumplimiento crediticio (CDS por su denominación en inglés) crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados —reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo—.
En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña del miedo. Ellos aseveraban que una segunda suspensión de pagos en 13 años sería un gran revés para Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una suspensión de pagos corriente de una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una Griesafault. Afortunadamente, los mercados sí hicieron esa distinción: los tipos de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que la media de todo el año.
En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por esa moratoria a la Griesa -—el precio será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso a financiación externa—. EE UU también sufrirá. Sus tribunales han sido una farsa: como un observador ha señalado, queda bien claro que Griesa nunca ha llegado a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en explotar a estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar —ni deberían— en la imparcialidad y competencia del poder judicial de EE UU. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia.
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Más claro, echale agua...
Como yapa a esta breve clase maestra de finanzas internacionales, veamos lo últimos sucesos sobre el "embrollo Griesa" en la justicia y las finanzas globales:
Los pesos pesados de las finanzas suben al ring.
Los financistas con títulos de deuda argentina reclamaron en Londres que se destraben los pagos que realizó el gobierno nacional a fines de junio de la deuda reestructurada. Apuntaron contra el Banco de Nueva York y contra el juez Griesa.
Los juicios iniciados la semana pasada en Londres por Soros y Bass, dos jugadores de peso del sistema financiero internacional, fueron precedidos por las acciones promovidas en Bruselas y Nueva York contra el BoNY desde Fintech Advisory, el fondo encabezado por el multimillonario mexicano David Martínez Guzmán, y distintos hedge funds radicados en Europa. Quien también comenzó a participar activamente del caso es el Citibank. La entidad financiera reclama una autorización para que su subsidiaria argentina pueda pagar los vencimientos de los bonos en dólares regidos por la ley argentina en manos de acreedores en el exterior. “Vamos a apelar en Bruselas, Nueva York y en Londres todas las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un plan local”, explicó Martínez en una entrevista con Página/12 publicada anteayer.
“No pudieron transferir los fondos en euros de acuerdo con sus obligaciones fiduciarias”, explicó el texano Kyle Bass a la agencia de noticias Bloomberg, al referirse a los 226 millones de euros bloqueados en la cuenta que tiene el BoNY en el Banco Central. “Nuestro pago de intereses se rige por la ley británica, que no se ha pronunciado sobre esto. Hasta que haya una orden parecida en el Reino Unido nos deben nuestros pagos”, indicó la cara visible del fondo Hayman Capital que, junto con Soros, inició la semana pasada una demanda contra el agente fiduciario.
Nacido en Florida pero radicado en Texas, Bass fundó Hayman Capital en 2006. El año pasado el inversor compró títulos de deuda argentina aprovechando los bajos precios. En total administraría alrededor de 2000 millones de dólares en bonos emitidos por el país.
La demanda de Bass contra el BoNY, según indicó Bloomberg, también está acompañada por George Soros, un empresario con una larga historia de entradas y salidas del país. La más reciente se conoció la semana pasada cuando el financista se convirtió en el cuarto mayor tenedor de acciones de YPF. Adquirió más de ocho millones de títulos de la petrolera, por 450 millones de dólares, en el mercado, el 3,5 por ciento de la firma controlada por el Estado.
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La pelea entre Argentina y los fondos buitres no ha terminado, recién empieza y todavía no han salido a la cancha todos los jugadores, como estamos viendo. Por eso, este humilde servidor público se atreve a afirmar que esto continuará...
