En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el decretazo "es un mecanismo de excepción que sólo se puede aplicar en una situación de urgencia verificable" y aseguró que "hoy no estamos en una situación así". Esta medida le hace daño a la institucionalidad".
Daniel Sabsay calificó la decisión de "disparatada" y alertó que es una iniciativa de "inconstitucionalidad manifiesta" por no pasar por la Cámara alta. "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?", analizó el abogado constitucionalista en diálogo con radio América. "Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza", indicó Sabsay.
Barcesat: "Es un decretazo que carece de razonabilidad, demuestra que el discurso de campaña y los nuevos gestos no se corresponden".
El abogado y ex juez León Arslanian afirmó este martes que el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional "no se le aplica a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" ya que "no es un empleo público más".
Tras el escándalo que se armó por estas designaciones de jueces "empleados del Ejecutivo" en la Corte Suprema, el gobierno ahora deja en suspenso las mismas y dice que presentaría los pliegos ante el senado, pero aún sigue el decreto. Veremos...
No obstante, próximamente le seguirán los decretazos contra Gils Carbó (un cargo vitalicio) y Sabatella (un cargo inamovible hasta 2017) y para violar la Ley de Medios.
Sigamos con las voces que se alzaron contra este atropello a la República del partido que supuestamente defiende la misma:
La diputada salió a cruzar a Macri por la designación de los jueces de la Corte. El viernes se reunió con el Presidente. “Hablamos de temas de Justicia pero nunca mencionó esto”, le dijo a Letra P.
“Tengo la obligación ética de decirlo, porque si esto mismo lo hubiera hecho Cristina Kirchner yo hubiera hecho un escándalo. Por eso me preocupa que muchos que lo hubieran hecho con Cristina, no lo hacen ahora”.
La diputada fue una de las primeras dirigentes en criticar con dureza el decreto del Presidente y consideró que la decisión “es dañina incluso” para él. “Es como rifar su capital político, la gente le dio un gran crédito, que no se puede usar para cualquier cosa”, dijo.
“¿Por qué lo hacen así, tan mal y de esta manera? Uno ya entra en el terreno de las especulaciones. A mí me da la impresión que hay en ellos una enorme necesidad de no mostrarse débiles frente al hecho de que no tienen mayoría en el Congreso pero de ninguna manera eso lo habilita al Presidente a violar la Constitución”, agregó.
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Importantes referentes de la UCR como Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos cuestionaron con dureza la determinación del presidente de nombrar por decreto a dos jueces para integrar la Corte Suprema.
El senador radical e integrante de la comisión de Acuerdos Constitucionales de la Cámara Alta nacional, Julio Cobos, salió al cruce del proceder presidencial.
"Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto [y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a (sesiones) extraordinarias si es que hay celeridad", cuestionó el ex vicepresidente en declaraciones radiales.
En este sentido, predio las luces de alerta: "Es una equivocación y sienta un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano".
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"Los nombres (de los designados) me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible", enfatizó Massa respecto a la decisión de Macri.
"¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese firmado el gobierno anterior?".
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El ex juez de la Corte Suprema de la Nación se refirió en diálogo exclusivo con Política Argentina a los polémicos nombramientos del presidente Mauricio Macri y los definió como "un abuso de autoridad". "Esto afecta a la república, y la democracia sin República puede ser un caos", expresó.
Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos.
Siempre la derecha fue menos liberal políticamente que nosotros. El peronismo primero fue un poco paternalista policial, eso es cierto. Pero nunca fusiló gente sin proceso, nunca bombardeó la Plaza de Mayo, nunca derogó una Constitución por decreto. El gorilismo sí. Y bueno, cuando vuelve el gorilismo tiene esas características.
¿Y considera que esto va a continuar? ¿Que efectivamente van a ser jueces de la Corte?
No lo sé, lo que va a continuar es un caos.
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Primeros plumazos del Führerprinzip
En el tercer día hábil de su mandato el presidente Maurizio Macrì designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, una facultad que entiende comprendida en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Su inciso 19 dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Solo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales” hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. El inciso 4 agrega que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública”. Esto indica que los empleos del inciso 19 sólo comprenden a los militares y diplomáticos que son subordinados jerárquicos del Poder Ejecutivo. No puede suponerse que el constituyente haya abrogado sin más la división de poderes republicana, como Macrì intenta ahora.
El nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no sigue el trámite ordinario, sin que ninguna circunstancia excepcional lo justifique. El jefe supremo resuelve de un plumazo sobre la composición de otro poder del Estado, ya no respecto de leyes sino de mecanismos previstos por la propia Constitución en el mismo artículo, que no tiene un inciso sino veinte y que deben leerse como un todo armónico.
Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.
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Martín Sabbatella, aseguró que la devaluación del peso, la designación express de jueces en el máximo tribunal y el avance contra la llamada ley de medios “están unidas” ya que “están buscando un blindaje judicial y mediático para avanzar sobre los derechos” adquiridos en los últimos años.
"No queremos poner palos en la rueda pero el límite es la Constitución”, dijo Héctor Recalde, jefe de la bancada de Diputados.
El ex ministro de Defensa Agustín Rossi en ese contexto manifestó que “Macri se pone en un lugar que es insostenible desde el punto de vista institucional” y que “se burla del discurso de las buenas formas y el diálogo” cuando decide “meter miembros de la Corte por la ventana”.
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Con términos muy duros, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos presentó una acción de amparo y pidió la nulidad del decreto 85/2015 por medio del cual el presidente Mauricio Macri designó dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Caracterizándolo como un “golpe institucional”, el colectivo de abogados describe la disposición como “arbitraria” e “irregular” y señala que las “virtuales designaciones de facto” son “una grave violación al funcionamiento de la República” que busca “echar por tierra la independencia judicial”.
Los abogados y las abogadas –muchos vinculados a causas de lesa humanidad– consideran que el problema es que el decreto sigue vigente con jueces ya designados por el Ejecutivo, sin el aval de controles y del procedimiento reglamentario.
El objeto de la presentación es “que se declare la nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad del decreto N 83/2015 publicado en Boletín Oficial el 14/12/2015, ya que su dictado representa la afectación del funcionamiento republicano de la Carta Magna y la afectación de la seguridad jurídica, toda vez que toda decisión que adopte el máximo tribunal estará viciada de nulidad absoluta, lo que implica la afectación de nuestros derechos individuales”.
El dato del traspaso de la jura hacia febrero y la apertura en paralelo del proceso de evaluación de antecedentes de los jueces, no frenó la presentación de los amparos porque quienes las promueven consideran que son necesarios mientras el decreto no se derogue y siga vigente. Explican que el problema de ilegalidad ya está planteado porque el decreto ya los designó, y que la irregularidad ya está cometida. Entienden que el Ejecutivo debe someterse al modo normal de designación de jueces: esto es, enviar los pliegos de los candidatos al Senado con la puesta en marcha del decreto 222/03.
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Como vemos, el ex candidato republicanista Mauricio Macri se ha transformado sorprendentemente en cuestión de días (parodiando al Gran Dictador de la película de Charles Chaplin) en el "Gran Decretador"... salvo que uno haya prestado atención en la trayectoria y sus ocho años de gobierno en la ciudad de Macri. Para este humilde servidor público (y quien suele leer nuestras notas lo saben) estas medidas no son sorpresivas sino esperadas. Y le siguen otras más...
