Este Basurero ofrece aquí unos interesantes aportes tomados de los medios, como forma de enriquecer el debate sobre la nacionalización de la principal petrolera (y mayor empresa argentina), y un revelador ejercicio para deschavar a la autora del proyecto de ley trucho difundido días antes del anuncio de la nacinalización de YPF.A modo de saga de la entrada anterior de este humilde blog (Y.P.F.: ¿Nacionalización, estatización, robo o rescate? ¿La cuestión es nacionalizar o quién lo hace?) acercamos hoy la palabra de quienes saben mucho más que este basurero. Veamos qué dicen sobre el tema:
"Por suerte Cristina echó a estos saqueadores."
Marcelo Bomrad, ex ejecutivo de la petrolera habló y contó las maniobras de Repsol en torno al vaciamiento de YPF. Las razones de la expropiación.
El telegrama dice así: renuncio a mi cargo de director de marketing de YPF “por haber observado actos cometidos por la conducción de Repsol YPF que van en contra de mis principios éticos y morales y/o legales, además de ser contrarios a los intereses de los consumidores de la nación. Renuncio a partir del 28 de febrero de 2000, por razones de conciencia. Me reservo el derecho de poner dichos actos en conocimiento de la opinión pública y/o denunciarlos judicialmente”. Doce años después, en el marco de la estatización de la petrolera de bandera, el ingeniero Marcelo David Bomrad cuenta por primera vez las razones que lo llevaron a renunciar a un cargo directivo por el que percibía una suma mensual superior a los 90.000 dólares: “Estaba asqueado por todo lo que veía. El vaciamiento de YPF comenzó apenas los españoles se hicieron cargo de la petrolera argentina”. El ex ejecutivo de YPF relatará con lujo de detalles la forma en que Alfonso Cortina, presidente de Repsol, y Blanco Balin, CEO español de la compañía en la filial argentina, le ordenaron comenzar a bajar la calidad de los combustibles que se vendían al público con el solo objetivo de garantizar a su casa matriz abultadas ganancias y, entre otros indignantes detalles, la forma despreciativa de explotar los pozos de petróleo y abandonarlos sin terminar de extraer el crudo para no invertir en su extracción.
“Lo más importante fue sacar a esta banda de saqueadores. Alguien tenía que tomar esta decisión y se hizo. Las inversiones llegarán y la situación actual de YPF se revertirá”, dice confiado a medida que avanza la conversación y enumera uno a uno los desaguisados de la española Repsol.
Bomrad se recibió de ingeniero en la UBA en 1992. Ese mismo año, a través de una consultora, ingresó a la empresa cuyo slogan en los años 70 era una pegadiza canción que en su estribillo decía: “Y Péguele Fuerte, pegue con todo, siempre hasta el final”. El ex director de marketing lo recuerda así: “En junio de 1993 YPF quedó conformada como una empresa de capitales mixtos porque el Estado tenía una ‘acción de oro’, que permitía vetar cualquier acción por parte de los accionistas privados que pudiera perjudicar a la empresa. El estatuto de YPF también era inflexible y prohibía, por ejemplo, el ingreso de un grupo empresarial como Repsol. Es decir que no permitía que hubiera un grupo controlante, como después lo hubo gracias a que el Estado, por una decisión del gobierno de Menem, resignó la acción de oro”. Esa fue la primera claudicación que el gobierno argentino realizaría ante los grupos inversores extranjeros que se fueron quedando con cada una de las empresas estatales.
Nota completa
YPF: analista norteamericano aprueba la recuperación de la empresa.
Los críticos de Argentina están equivocados nuevamente sobre la renacionalización del petróleo”, se titula una columna que ayer publicó el periódico inglés.
El artículo, escrito por Mark Weisbrot, codirector del Centro de investigaciones políticas y económicas con sede en Washington, apoya sin medias tintas la decisión de expropiar YPF a la compañía española Repsol.
“Hay sonoras razones para esta movida y lo más probable es que el gobierno pruebe una vez más que tiene razón. Repsol no produjo lo suficiente para estar a tono con el rápido crecimiento de la economía argentina”, escribió Weisbrot.
“México nacionalizó su petróleo en 1938 y, al igual que muchos países de la Opep, no permite ni siquiera inversiones extranjeras en petróleo. La mayoría de los países productores de petróleo y gas, desde Arabia Saudita a Noruega poseen compañías estatales. Las privatizaciones de los ´90 fueron una aberración; el neoliberalismo más salvaje. Aún cuando el gobierno brasileño privatizó más de 100 millones en empresas estatales, se quedó con el control mayoritario de la empresa Petrobras”, consignó Weisbrot.
“Resulta interesante que la Argentina haya tenido un crecimiento tan remarcable como el que tuvo los últimos nueve años con tan poca inversión extranjera directa y habiendo sido mayormente rechazada por los mercados financieros internacionales (…), según la prensa negocios, dos de los actores que todo gobierno debe complacer”, concluye.
Nota completa
La geopolítica de YPF
Por Julio Burdman.
Con la expropiación, ¿la Argentina rema contra el mundo o se incorpora a él?
El Gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Repsol–YPF y generó una fuerte reacción del Gobierno español, que busca la solidaridad de otros gobiernos y actores internacionales para su reclamo. ¿La Argentina rema contra el mundo, o se incorpora a él?
Quienes creen que la Argentina rema contra el mundo sopesan los riesgos de sanciones que enuncia el Gobierno español. En el plano bilateral, la Madre Patria puede restringir las importaciones provenientes de nuestro país. En el multilateral, pedir que la Unión Europea quite preferencias comerciales a la Argentina –lo que requeriría unanimidad en el Consejo de Europa, algo difícil de lograr– e inducir una suba del riesgo de inversión argentina a través de sus bancos y agencias de seguros en la Unión de Berna –riesgo que, cabe mencionar, ya es alto por la cuestión pendiente del Club de París, y que poco parece preocupar al Gobierno argentino.
En un segundo plano quedan iniciativas poco razonables, como la expulsión de la Argentina del G–20 que propicia The Wall Street Journal. Por otro lado, quienes creen que la Argentina se incorpora al mundo con esta decisión enfatizan el hecho de que la tendencia mundial es el aumento del control de los recursos energéticos por parte de empresas nacionales.
De acuerdo con la consultora Petroleum Intelligence Weekly Ranks, 16 de las 20 empresas más grandes de petróleo y gas del mundo son propiedad, en forma mayoritaria, parcial o total, de los Estados nacionales. Estas compañías, llamadas NOCs (National Oil Companies), controlan el 90% del petróleo mundial. En el imaginario social, el petróleo del mundo está en manos de grandes empresas multinacionales como Exxon, Shell o British Petroleum, pero esto no es así. La NOC Saudi Aramco, la mayor de todas las empresas petroleras del mundo, posee reservas que superan en diez veces a las de Exxon, la tercera más grande. La segunda es NIOC, la empresa petrolera iraní, la cuarta es la venezolana PDVSA y la quinta es la china CNPC.
Entre estos hitos, figura la renacionalización del petróleo argentino impulsada por la presidencia de Arturo Illia. Hasta entonces, el negocio del petróleo y gas había estado casi exclusivamente dominado por las grandes multinacionales de Estados Unidos y Europa, y sólo soviéticos y mexicanos lo habían desafiado. Las privatizaciones de las décadas del ‘80 y ‘90 fueron menores en gas y petróleo, comparadas con las de servicios públicos y comunicaciones, aunque se registraron muchos casos de incorporación de inversión privada internacional a partir del modelo de concesión de áreas.
Pero a partir del Siglo XXI, se produce una nueva oleada de nacionalizaciones, que comienza en la Rusia de Putin. En nuestra región, renacionalizan su industria petrolera Venezuela y Bolivia, y ahora se suma la Argentina. Esto, sumado al hecho de que la mayor parte de los nuevos descubrimientos de reservas se produjeron en áreas controladas por las NOCs, produjo un crecimiento de estas compañías, reflejado en los porcentajes citados.
Hay dos incentivos económicos a la nacionalización que explican esta tendencia: los precios del petróleo crecen, y tanto las mismas NOCs, que cuentan ya con gran experiencia en el manejo de sus negocios, como los BRICS, que están dispuestos a asociarse y consumir la producción energética exportable, estimulan a los países emergentes y en desarrollo a tomar control de sus recursos naturales. Cuando el CEO de Repsol advierte al Gobierno Argentino que ninguna empresa petrolera estará dispuesta a invertir en nuestro país después de la expropiación, no dice la verdad. El sabe que sobran los chinos, rusos y brasileños interesados en hacerlo.
Nota completa
YPF: Cuatro implicancias.
Por Sebastian Etchmenedy
En el plano de la economía política, una estatización del impacto de la de YPF marca con fuerza el retorno de la cuestión de la localización nacional de las empresas, especialmente en sectores estratégicos. En el plano académico, se podría decir que la biblioteca “está dividida”. Algunos autores, en general trabajando desde la órbita del liberalismo, argumentan que la base nacional de una empresa no incide en su desempeño y externalidades positivas para la economía de un determinado país. Otros incentivos como la “seguridad jurídica”, la política de precios y el retorno de las inversiones son factores mucho más decisivos.
Otro campo, heredero de la Teoría de la Dependencia y afines, postula que la localización de una empresa es clave para el desarrollo económico de un determinado país, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Las empresas nacionales tienen más incentivos para expandirse localmente, apostar más por la estabilidad política económica del país donde tienen base, tienden a desarrollar más proveedores locales y a “derramar” en cuanto a capacitación y tecnología a nivel de la economía nacional. En cualquier caso, la realidad es (sospechosamente) menos ambigua en este plano que en los debates académicos, especialmente cuando se trata de recursos naturales: todos los países tienen grandes empresas energéticas y petroleras de base nacional, y en el caso de las naciones medianas esas empresas son amparadas y protegidas por los estados de una u otra manera, ya se trate de Galp en Portugal, Repsol en España, Petrobras en Brasil, Enap en Chile y así.
Los decisores y las élites políticas y económicas de los países en este plano no miran tanto los debates académicos, y valoran la propiedad o la base nacional en la gestión de las grandes empresas.
El caso español es particularmente paradigmático en cuanto la protección de sus empresas nacionales. Los llamados cinco grandes (las empresas líderes del Ibex de los últimos años), Telefónica, Endesa, Repsol y los bancos BBVA y Santander, fueron catapultados gracias a variados modos de protección y activismo estatal en los años ’80 y ’90. Los mecanismos fueron variados, ya se trate de nacionalizaciones de logística y transportes en red (como en los casos de Endesa y Repsol), barreras de entrada o fusiones financiadas y protegidas por el Estado en que la banca extranjera no podía participar, como el caso del armado de los grupos BBVA y Santander. La crisis española actual marca los límites de esta estrategia. La combinación de liquidez internacional, endeudamiento y pérdida de control nacional de la macroeconomía parece ser destructiva para cualquier estrategia nacional. Aun así, las grandes empresas españolas mencionadas sacaron más de la mitad de sus beneficios de América Latina, con lo cual cabe pensar que las consecuencias hubieran sido peores sin esa estrategia previa de expansión. Repsol, en particular, fue el resultado de una estrategia de intervención estatal que consistió en agrupar emprendimientos menores en el sector de refinación y comercialización, avalar la protección del mercado interno de hidrocarburos que no se abrió hasta mucho después de la entrada en Europa y el desarrollo de una política de privatización basada en la flotación escalonada de acciones en alianza con los grandes bancos, lo que en los hechos impedía la entrada en el grupo de cualquier operador petrolero internacional. Como en toda parábola del liberalismo, Repsol se transforma en un abogado de la “seguridad jurídica” y la competencia libre sólo después de transformarse en un jugador de cierto peso gracias al respaldo del Estado español. Que impugne una estrategia análoga desde la Argentina es solo un mal chiste.
El desafío para el Gobierno es probar que se puede realizar una gestión que tome criterios de eficiencia (que no tienen que ser necesariamente los de la derecha económica) desde al campo nacional y popular. La combinación de profesionalización más dirección política señala el camino adecuado. Se debe impedir que YPF vuelva a sufrir problemas que eran anteriores a 1989, como la pérdida de autonomía frente a otras reparticiones del Estado o frente a contratistas y sindicatos. Los ejemplos de la Anses, capaz de ordenar e implementar la AUH en poco tiempo o el de ARSAT, la empresa de comunicación satelital puesta en marcha recientemente, prueban que el Estado puede alcanzar niveles de desempeño sólidos en corto tiempo.
Nota completa
Como reproduce Artemio López en su blog, The Economist dice ahora que:
Algunas señales sugieren que el gobierno puede gestionar YPF mejor que sus otros negocios. Fernández ha nombrado a Miguel Galuccio, un ingeniero petrolero respetado, como su nuevo jefe.
Y Exxon Mobil, que había comenzado a explorar Vaca Muerta antes de que YPF cambiara de manos, dice que aún está dispuesto a invertir en la Argentina , aunque ciertamente exigen mejores condiciones de lo que hubieran hecho hace un mes.
En el vecino Brasil, Petrobras, controlada por el Estado ha demostrado ser un digno rival de las compañías petroleras totalmente privadas
Nota completa
Y como señala el bloguero Best Sellers aquí, la "principal razón" para la oportuna decisión de nacionalizar YPF es ésta:
"Por suerte Cristina echó a estos saqueadores."
Marcelo Bomrad, ex ejecutivo de la petrolera habló y contó las maniobras de Repsol en torno al vaciamiento de YPF. Las razones de la expropiación.
El telegrama dice así: renuncio a mi cargo de director de marketing de YPF “por haber observado actos cometidos por la conducción de Repsol YPF que van en contra de mis principios éticos y morales y/o legales, además de ser contrarios a los intereses de los consumidores de la nación. Renuncio a partir del 28 de febrero de 2000, por razones de conciencia. Me reservo el derecho de poner dichos actos en conocimiento de la opinión pública y/o denunciarlos judicialmente”. Doce años después, en el marco de la estatización de la petrolera de bandera, el ingeniero Marcelo David Bomrad cuenta por primera vez las razones que lo llevaron a renunciar a un cargo directivo por el que percibía una suma mensual superior a los 90.000 dólares: “Estaba asqueado por todo lo que veía. El vaciamiento de YPF comenzó apenas los españoles se hicieron cargo de la petrolera argentina”. El ex ejecutivo de YPF relatará con lujo de detalles la forma en que Alfonso Cortina, presidente de Repsol, y Blanco Balin, CEO español de la compañía en la filial argentina, le ordenaron comenzar a bajar la calidad de los combustibles que se vendían al público con el solo objetivo de garantizar a su casa matriz abultadas ganancias y, entre otros indignantes detalles, la forma despreciativa de explotar los pozos de petróleo y abandonarlos sin terminar de extraer el crudo para no invertir en su extracción.
“Lo más importante fue sacar a esta banda de saqueadores. Alguien tenía que tomar esta decisión y se hizo. Las inversiones llegarán y la situación actual de YPF se revertirá”, dice confiado a medida que avanza la conversación y enumera uno a uno los desaguisados de la española Repsol.
Bomrad se recibió de ingeniero en la UBA en 1992. Ese mismo año, a través de una consultora, ingresó a la empresa cuyo slogan en los años 70 era una pegadiza canción que en su estribillo decía: “Y Péguele Fuerte, pegue con todo, siempre hasta el final”. El ex director de marketing lo recuerda así: “En junio de 1993 YPF quedó conformada como una empresa de capitales mixtos porque el Estado tenía una ‘acción de oro’, que permitía vetar cualquier acción por parte de los accionistas privados que pudiera perjudicar a la empresa. El estatuto de YPF también era inflexible y prohibía, por ejemplo, el ingreso de un grupo empresarial como Repsol. Es decir que no permitía que hubiera un grupo controlante, como después lo hubo gracias a que el Estado, por una decisión del gobierno de Menem, resignó la acción de oro”. Esa fue la primera claudicación que el gobierno argentino realizaría ante los grupos inversores extranjeros que se fueron quedando con cada una de las empresas estatales.
Nota completa
YPF: analista norteamericano aprueba la recuperación de la empresa.
Los críticos de Argentina están equivocados nuevamente sobre la renacionalización del petróleo”, se titula una columna que ayer publicó el periódico inglés.
El artículo, escrito por Mark Weisbrot, codirector del Centro de investigaciones políticas y económicas con sede en Washington, apoya sin medias tintas la decisión de expropiar YPF a la compañía española Repsol.
“Hay sonoras razones para esta movida y lo más probable es que el gobierno pruebe una vez más que tiene razón. Repsol no produjo lo suficiente para estar a tono con el rápido crecimiento de la economía argentina”, escribió Weisbrot.
“México nacionalizó su petróleo en 1938 y, al igual que muchos países de la Opep, no permite ni siquiera inversiones extranjeras en petróleo. La mayoría de los países productores de petróleo y gas, desde Arabia Saudita a Noruega poseen compañías estatales. Las privatizaciones de los ´90 fueron una aberración; el neoliberalismo más salvaje. Aún cuando el gobierno brasileño privatizó más de 100 millones en empresas estatales, se quedó con el control mayoritario de la empresa Petrobras”, consignó Weisbrot.
“Resulta interesante que la Argentina haya tenido un crecimiento tan remarcable como el que tuvo los últimos nueve años con tan poca inversión extranjera directa y habiendo sido mayormente rechazada por los mercados financieros internacionales (…), según la prensa negocios, dos de los actores que todo gobierno debe complacer”, concluye.
Nota completa
La geopolítica de YPF
Por Julio Burdman.
Con la expropiación, ¿la Argentina rema contra el mundo o se incorpora a él?
El Gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Repsol–YPF y generó una fuerte reacción del Gobierno español, que busca la solidaridad de otros gobiernos y actores internacionales para su reclamo. ¿La Argentina rema contra el mundo, o se incorpora a él?
Quienes creen que la Argentina rema contra el mundo sopesan los riesgos de sanciones que enuncia el Gobierno español. En el plano bilateral, la Madre Patria puede restringir las importaciones provenientes de nuestro país. En el multilateral, pedir que la Unión Europea quite preferencias comerciales a la Argentina –lo que requeriría unanimidad en el Consejo de Europa, algo difícil de lograr– e inducir una suba del riesgo de inversión argentina a través de sus bancos y agencias de seguros en la Unión de Berna –riesgo que, cabe mencionar, ya es alto por la cuestión pendiente del Club de París, y que poco parece preocupar al Gobierno argentino.
En un segundo plano quedan iniciativas poco razonables, como la expulsión de la Argentina del G–20 que propicia The Wall Street Journal. Por otro lado, quienes creen que la Argentina se incorpora al mundo con esta decisión enfatizan el hecho de que la tendencia mundial es el aumento del control de los recursos energéticos por parte de empresas nacionales.
De acuerdo con la consultora Petroleum Intelligence Weekly Ranks, 16 de las 20 empresas más grandes de petróleo y gas del mundo son propiedad, en forma mayoritaria, parcial o total, de los Estados nacionales. Estas compañías, llamadas NOCs (National Oil Companies), controlan el 90% del petróleo mundial. En el imaginario social, el petróleo del mundo está en manos de grandes empresas multinacionales como Exxon, Shell o British Petroleum, pero esto no es así. La NOC Saudi Aramco, la mayor de todas las empresas petroleras del mundo, posee reservas que superan en diez veces a las de Exxon, la tercera más grande. La segunda es NIOC, la empresa petrolera iraní, la cuarta es la venezolana PDVSA y la quinta es la china CNPC.
Entre estos hitos, figura la renacionalización del petróleo argentino impulsada por la presidencia de Arturo Illia. Hasta entonces, el negocio del petróleo y gas había estado casi exclusivamente dominado por las grandes multinacionales de Estados Unidos y Europa, y sólo soviéticos y mexicanos lo habían desafiado. Las privatizaciones de las décadas del ‘80 y ‘90 fueron menores en gas y petróleo, comparadas con las de servicios públicos y comunicaciones, aunque se registraron muchos casos de incorporación de inversión privada internacional a partir del modelo de concesión de áreas.
Pero a partir del Siglo XXI, se produce una nueva oleada de nacionalizaciones, que comienza en la Rusia de Putin. En nuestra región, renacionalizan su industria petrolera Venezuela y Bolivia, y ahora se suma la Argentina. Esto, sumado al hecho de que la mayor parte de los nuevos descubrimientos de reservas se produjeron en áreas controladas por las NOCs, produjo un crecimiento de estas compañías, reflejado en los porcentajes citados.
Hay dos incentivos económicos a la nacionalización que explican esta tendencia: los precios del petróleo crecen, y tanto las mismas NOCs, que cuentan ya con gran experiencia en el manejo de sus negocios, como los BRICS, que están dispuestos a asociarse y consumir la producción energética exportable, estimulan a los países emergentes y en desarrollo a tomar control de sus recursos naturales. Cuando el CEO de Repsol advierte al Gobierno Argentino que ninguna empresa petrolera estará dispuesta a invertir en nuestro país después de la expropiación, no dice la verdad. El sabe que sobran los chinos, rusos y brasileños interesados en hacerlo.
Nota completa
YPF: Cuatro implicancias.
Por Sebastian Etchmenedy
En el plano de la economía política, una estatización del impacto de la de YPF marca con fuerza el retorno de la cuestión de la localización nacional de las empresas, especialmente en sectores estratégicos. En el plano académico, se podría decir que la biblioteca “está dividida”. Algunos autores, en general trabajando desde la órbita del liberalismo, argumentan que la base nacional de una empresa no incide en su desempeño y externalidades positivas para la economía de un determinado país. Otros incentivos como la “seguridad jurídica”, la política de precios y el retorno de las inversiones son factores mucho más decisivos.
Otro campo, heredero de la Teoría de la Dependencia y afines, postula que la localización de una empresa es clave para el desarrollo económico de un determinado país, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Las empresas nacionales tienen más incentivos para expandirse localmente, apostar más por la estabilidad política económica del país donde tienen base, tienden a desarrollar más proveedores locales y a “derramar” en cuanto a capacitación y tecnología a nivel de la economía nacional. En cualquier caso, la realidad es (sospechosamente) menos ambigua en este plano que en los debates académicos, especialmente cuando se trata de recursos naturales: todos los países tienen grandes empresas energéticas y petroleras de base nacional, y en el caso de las naciones medianas esas empresas son amparadas y protegidas por los estados de una u otra manera, ya se trate de Galp en Portugal, Repsol en España, Petrobras en Brasil, Enap en Chile y así.
Los decisores y las élites políticas y económicas de los países en este plano no miran tanto los debates académicos, y valoran la propiedad o la base nacional en la gestión de las grandes empresas.
El caso español es particularmente paradigmático en cuanto la protección de sus empresas nacionales. Los llamados cinco grandes (las empresas líderes del Ibex de los últimos años), Telefónica, Endesa, Repsol y los bancos BBVA y Santander, fueron catapultados gracias a variados modos de protección y activismo estatal en los años ’80 y ’90. Los mecanismos fueron variados, ya se trate de nacionalizaciones de logística y transportes en red (como en los casos de Endesa y Repsol), barreras de entrada o fusiones financiadas y protegidas por el Estado en que la banca extranjera no podía participar, como el caso del armado de los grupos BBVA y Santander. La crisis española actual marca los límites de esta estrategia. La combinación de liquidez internacional, endeudamiento y pérdida de control nacional de la macroeconomía parece ser destructiva para cualquier estrategia nacional. Aun así, las grandes empresas españolas mencionadas sacaron más de la mitad de sus beneficios de América Latina, con lo cual cabe pensar que las consecuencias hubieran sido peores sin esa estrategia previa de expansión. Repsol, en particular, fue el resultado de una estrategia de intervención estatal que consistió en agrupar emprendimientos menores en el sector de refinación y comercialización, avalar la protección del mercado interno de hidrocarburos que no se abrió hasta mucho después de la entrada en Europa y el desarrollo de una política de privatización basada en la flotación escalonada de acciones en alianza con los grandes bancos, lo que en los hechos impedía la entrada en el grupo de cualquier operador petrolero internacional. Como en toda parábola del liberalismo, Repsol se transforma en un abogado de la “seguridad jurídica” y la competencia libre sólo después de transformarse en un jugador de cierto peso gracias al respaldo del Estado español. Que impugne una estrategia análoga desde la Argentina es solo un mal chiste.
El desafío para el Gobierno es probar que se puede realizar una gestión que tome criterios de eficiencia (que no tienen que ser necesariamente los de la derecha económica) desde al campo nacional y popular. La combinación de profesionalización más dirección política señala el camino adecuado. Se debe impedir que YPF vuelva a sufrir problemas que eran anteriores a 1989, como la pérdida de autonomía frente a otras reparticiones del Estado o frente a contratistas y sindicatos. Los ejemplos de la Anses, capaz de ordenar e implementar la AUH en poco tiempo o el de ARSAT, la empresa de comunicación satelital puesta en marcha recientemente, prueban que el Estado puede alcanzar niveles de desempeño sólidos en corto tiempo.
Nota completa
Como reproduce Artemio López en su blog, The Economist dice ahora que:
Algunas señales sugieren que el gobierno puede gestionar YPF mejor que sus otros negocios. Fernández ha nombrado a Miguel Galuccio, un ingeniero petrolero respetado, como su nuevo jefe.
Y Exxon Mobil, que había comenzado a explorar Vaca Muerta antes de que YPF cambiara de manos, dice que aún está dispuesto a invertir en la Argentina , aunque ciertamente exigen mejores condiciones de lo que hubieran hecho hace un mes.
En el vecino Brasil, Petrobras, controlada por el Estado ha demostrado ser un digno rival de las compañías petroleras totalmente privadas
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Y como señala el bloguero Best Sellers aquí, la "principal razón" para la oportuna decisión de nacionalizar YPF es ésta:
Ahora, un breve repasio por la arista jurícico-legal del tema. Démosle la palabra a un profesor de derecho:
YPF y la expropiación: de qué y (de cuánto) estamos hablando.
Algo de descripción y algo de valoración sobre el tema del día: lo básico, la transición, el appri, el costo de hacerlo y el de no hacer nada.
No cambia la naturaleza societaria. YPF seguirá funcionando como una sociedad anónima (ahora, con participación estatal mayoritaria: 51 % estatal) (Arts. 15 P).
El Directorio. La designación de los Directores de YPF por el Estado se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa" (Art. 9 P). El 49 % de la participación estatal sería asignada a las provincias (tendrían entonces el 24,99 % de YPF) como vamos a ver ahora.
Provincias sindicadas. No es una nacionalización sino una suerte de federalización. Las diez provincias que tienen petróleo (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Chubut y TDF) tendrán acciones en proporción a sus niveles de producción y de reservas y deberán votar todas juntas, atadas por un pacto de sindicación de acciones por un término de 50 años.
Detalle: la "autorización" del Congreso. El proyecto prohíbe la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros. Eventualmente el Congreso podrá saltearse esta regla porque no hay mas leyes de mayoría calificada que las que la Constitución prevé. Pero las provincias que deban vender sus acciones deberán tramitar esa "autorización" del Congreso. No es el único caso donde el Congreso se impone mayorías calificadas a sí mismo (recuerden la ley del Ministerio Público que exige dos tercios del Senado para designar al Procurador).
El Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones que Argentina firmó con España fue aprobado por ley nacional 24.418 y contiene una cláusula relativa a expropiaciones.
Vale decir, entonces, que
- Se puede expropiar por causa de utilidad pública. No hay problema con esto, aquí habrá causa de utilidad pública declarada por ley. Dicho sea de paso, la exigencia de la OPA (ir por una Oferta Pública de Adquisiciones) que está en la Ley de privatización de YPF es para ofertas públicas de adquisición y no se aplica a expropiaciones.
- La inversión no puede ser discriminatoria. ¿Cumple la preservación del capital de Eskenazi este criterio? ¿Y la preservación de los accionistas de la bolsa, también excluidos de la expropiación? Hay un posible problema ahí (aunque lo más probable es que no sea decisivo para la suerte de la expropiación, eventualmente podría resolverse con una distribución a pro rata de lo que falta para llegar al 51 %).
- La indemnización debe ser adecuada.
Nota completa
YPF: ¿quién originó el proyecto de ley trucho?
Y, finalmente, una perlita sobre el famoso proyecto de ley trucho que apareció días antes del anuncio de la presidenta sobre al nacionalización de la petrolera y que causó un gran revuelo tanto aquí como en España. Bueno, resulta que ese proyecto falso tiene un autor, en realidad, una autora que a su vez es diputada, y está acostumbrada a pronosticar futuros horrorosos, apocalípticos... Sí, como ya habrán adivinado se trata de Elisa Carrió. Eso es lo que se prueba aquí en este video de YouTube dónde se rastrea el origen del archivo digital que contiene el proyecto trucho:
Esto se puede comprobar personalmente en forma muy fácil, bajando el proyecto trucho que hizo circular Perfil.
Según informa Perfil:
Estos rumores, que circularon durante toda la jornada, se alimentaron cuando los diputados opositores, del FAP, el radicalismo y la Coalición Cívica, recibieron un proyecto de ley, sin firma ni sello, con el texto de la iniciativa que, según indicaron a DyN, había sido distribuido por la presidencia de la Cámara.
Nota completa
Estos rumores, que circularon durante toda la jornada, se alimentaron cuando los diputados opositores, del FAP, el radicalismo y la Coalición Cívica, recibieron un proyecto de ley, sin firma ni sello, con el texto de la iniciativa que, según indicaron a DyN, había sido distribuido por la presidencia de la Cámara.
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Sin embargo, el proyecto resultó ser trucho y muy diferente al que luego presentó el gobierno.
Aquí se puede bajar el archivo difundido entre la oposición y los medios hegemónicos, directamente desde el sitio de Perfil, donde se puede comprobar quién fue la autora del documento de Adobe Acrobat como muestra el viedo.
Aquí se puede bajar el archivo difundido entre la oposición y los medios hegemónicos, directamente desde el sitio de Perfil, donde se puede comprobar quién fue la autora del documento de Adobe Acrobat como muestra el viedo.
Más detalles sobre el tema en el blog UDN Uno de Nosotros que fue quien deschavó este CarrioGate.
