Votos de primera y votos de segunda.

Entre voto y veto hay mucho más que una vocal de diferencia. Y, más aún, si lo que alguien se arroga es el derecho a vetar el voto de los demás precisamente, como parece ser el caso de un par de jueces tucumanos y demasiados miembros de nuestra sociedad.
Parecería querer instalarse, naturalizarse la existencia de votos de primera y votos de segunda.
En efecto, los incidentes producidos en las últimas elecciones en Tucumán, entre ellos la quema de urnas que realizó un grupo de militantes del PRO, y que podríamos llamar el “incidente Tucumán”, derivó peligrosamente (fogoneado por la oposición mediática y política) en un debate de fondo sobre la legitimidad del voto de las clases bajas; lo que, en definitiva, cuestiona el voto universal.
Así es, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI la derecha vernácula contemporánea retoma los argumentos del conservadorismo oligárquico del siglo XIX e intenta vetar, impugnar o cuestionar el derecho a voto de los pobres, o de los más necesitados.

Sin embargo, más que demostrar un defecto del sistema electoral argentino, esta ofensiva del establishment (hoy rebautizado como Círculo Rojo por su mayor representante político) contra el derecho de sufragio de quienes suelen votar al oficialismo nacional al intentar ponerle límites, pone en evidencia los límites políticos del mismo poder fáctico concentrado para desplazar del gobierno legalmente los movimientos populares mayoritarios, una característica propia que se repite a través de nuestra historia.

Antes de arriesgar una conclusión sobre este tema, repasemos las distintas posiciones que se pusieron en evidencia en los medios alrededor del tema del fraude o el clientelismo, lo que oculta el verdadero debate que es, por supuesto, el voto de los más necesitados de nuestra sociedad.

* Argumentos sobre el fraude y clientelismo.

Luego del escándalo de las elecciones anuladas en Tucumán, aparecieron las "explicaciones" judiciales sobre semejante medida:

El juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán Salvador Ruiz aseguró hoy que la decisión de anular los comicios en esa provincia no se basó en si hubo fraude o no, sino porque todo el procedimiento electoral "estuvo viciado".

"No fue la materia de discusión sobre cuántos votos tenía uno o tenía otro. Si está viciado el procedimiento, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar", expresó al ser consultado sobre si habían constatado maniobras para modificar el resultado de la elección.

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Lo que hace la cámara tucumana es utilizar en forma falaz argumentos judiciales equivocados para anular la voluntad popular expresada en las urnas, beneficiando en este caso a la derecha de la provincia, la que segura de perder las elecciones apeló a jueces amigos para embarrar la cancha, suspender el partido al estilo del famoso “panadero” boquense. Pero las excusas prolijamente camufladas en ropajes leguleyos, esgrimidas en la sentencia no hace más que repetir antiguos y vetustos argumentos del siglo XIX para deslegitimar el derecho a voto de las "clases bajas" (que se remontan al ofrecido por Alberdi al afirmar que el pobre para votar se deja llevar por la panza, o al de Sarmiento que propone que “hay que educar al soberano” [¿educar o adoctrinar?]).
No nos extenderemos aquí en enumerar las irregularidades (verdaderas o no) en las elecciones, denunciadas profusamente en distintos medios de difusión (las que debieron investigarse judicialmente más y mejor), ni los eternos prejuicios esgrimidos hasta el cansancio sobre los supuestos votos “a cambio de planes sociales” o la “compra de votos”, etcétera, sino que analizaremos directamente el fenómeno del fraude electoral, el llamado clientelismo y el derecho a voto, lo que nos remonta a un pasado pre democrático de nuestra historia.

* Fraude patriótico y conservador.

Repasemos la historia de este instrumento que desvirtúa la voluntad popular mayoritaria. Como nos cuenta Felipe Pigna:

La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, bajo el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a los propietarios. A pesar de su amplitud, esta ley tuvo en la práctica un alcance limitado porque la mayoría de la población de la campaña ni siquiera se enteraba de que se desarrollaban los comicios. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley, sobre una población de 60.000 personas, sólo trescientas emitieron su voto.

Los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Así demostraba la clase dominante su desprecio por la democracia real y su concepción de que eran los únicos con derecho a gobernar un país al que consideraban una propiedad privada.

Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama "presidencias históricas" -es decir, las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda; y las subsiguientes hasta 1916- son ilegítimas de origen porque todos los presidentes de aquel período llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral.

Recién cuando el yrigoyenismo le arrancó al régimen la ley de voto universal, secreto y obligatorio, el fraude de los conservadores tuvo que retirarse a cuarteles de invierno. Al menos, por poco más de una década, durante la cual los radicales no paraban de ganar elecciones en comicios libres. Sin embargo, cuando la derecha conservadora se dio cuenta que ya no podía recuperar el poder formal, derrocó al gobierno de Yrigoyen y apeló nuevamente al viejo truco del fraude, ahora perfeccionado por la primera dictadura del siglo XX:

En abril de 1931, los radicales habían ganado las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ante esa situación, el gobierno de José Félix Uriburu decidió desconocer el resultado y anularlas. Así y todo, los radicales proclamaron una fórmula para los comicios presidenciales de noviembre: la integraban el ex presidente Marcelo T. de Alvear y el ex gobernador de Salta, Adolfo Güemes. El gobierno de Uriburu vetó a los dos integrantes de la fórmula: a Alvear, argumentando que no se había cumplido aún el plazo de seis años para que volviera a aspirar a la presidencia-curioso prurito constitucional en un gobierno de facto-; a Güemes, por su reconocida militancia yrigoyenista que lo hacía un representante del  régimen depuesto.
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Así terminaba la dictadura de Uriburu y comenzaba el gobierno fraudulento de su colega Justo. Los generales se vanagloriaban del resultado electoral y no tenían ningún problema en admitir que habían hecho fraude, pero un "fraude patriótico", porque se hacía para salvar a la patria de la chusma radical.
Justo será fiel al sistema que lo había llevado al poder aplicando "el fraude patriótico" y perfeccionándolo: a las clásicas amenazas a los votantes opositores y al "usted ya votó" se sumaban ahora el secuestro de las libretas de enrolamiento, la falsificación de las actas de votación, el cambio de urnas.
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En ese período se consolidaron los argumentos de la derecha “bienpensante” contra el voto popular, descalificando las razones o preferencias de las clases desprotegidas para emitir el voto. Lo que se cuestionaba (y se cuestiona hoy) es, en realidad, que el derecho a elegir a los gobernantes sea universal, basado en la supuesta ineptitud de algunos (o muchos) para ejercerlo “correctamente”, "libremente".

* ¿En qué consta el “relato” antipopular del “voto cautivo”?

La desvalorización de la capacidad de las clases populares para elegir a sus gobernantes se basa en lo que podríamos llamar “voto cautivo”, o “voto clientelar”, derivado del régimen de clientelismo político que sujetaría la voluntad de las clases pobres a los punteros políticos del partido gobernante. Sin embargo, las denuncias de “fraude estructural” y clientelismo y la consecuente deslegitimación del voto de las clases más necesitadas se basan en presupuestos falsos, como veremos más adelante. Más allá de que ambos fenómenos (fraude y clientelismo) fueron creados por la misma derecha conservadora que ahora se dice víctima de ellos, repasemos los argumentos contrarios a ese intento de quitar legitimidad al voto universal, de mellar la validez de las mayorías de los movimientos populares logradas en las urnas.

* El fraude y el asado de los conservadores.

El clientelismo y el fraude legalizados por la costumbre, previo a la ley de voto universal, secreto y obligatorio, se ejercía en forma burda en los mismos lugares de votación, mediante varias triquiñuelas ejercidas y perfeccionadas por los partidos conservadores de entonces. Era común ver que los partidos políticos del régimen organizaban encuentros en sus comités, donde ofrecían opulentos asados para los asistentes, donde les retiraban sus libretas de votación y algún puntero votaba por ellos en las mesas de votación, mientras los votantes comían y se divertían en los comités. También contaban con vehículos para pasar a buscarlos y llevarlos el día del comicio. Pero a partir de 1912, cuando

entró en vigencia la Ley del voto obligatorio, que el Yrigoyenismo le arrancó al régimen a fuerza de movilización y sedición armada durante años, se produjo un nuevo fenómeno que refleja una conocida anécdota que muestra la racionalidad, libertad y voluntad electoral de las clases medias y bajas de entonces. Cuenta la leyenda que los habituales electores que solían concurrir a los comités conservadores a comer y divertirse en los días de elecciones, entregando a cambio su documento, al calor de las nuevas reglas de votación seguían concurriendo a esos comilonas electorales, aceptando la fiesta, la comida, la boleta del partido conservador y el traslado hasta el lugar de votación, pero al llegar al nuevo cuarto oscuro donde nadie podía vigilar su voto, finalmente votaba por Yrigoyen. Así, el radicalismo se cansó de ganar elección tras elección.

Pero no sólo el yrigoyenismo supo derrotar las remanidas triquiñuelas electorales de los conservadores, también lo hizo el peronismo. Leamos estas sabias palabras del general Perón en sus discursos de campaña previos a las elecciones de 1946:

“No concurra a ninguna fiesta a que lo inviten los patrones el día 23. Quédese en casa y el 24 bien temprano tome las medidas para llegar a la mesa en la que ha de votar. Si el patrón de la estancia –como han prometido algunos– cierra la tranquera con candado ¡rompa el candado o la tranquera o corte el alambrado y pase para cumplir con la Patria! Si el patrón lo lleva a votar acepte y luego haga su voluntad en el cuarto oscuro.”

Ese recurso para falsificar la voluntad mayoritaria esquiva a sus intereses, aniquilado por el voto obligatorio, secreto y universal, dejó paso ahora a la anulación de las elecciones, no por parte de una dictadura sino del autoritarismo judicial, como señalan varias calificadas plumas.

Como bien señala el periodista Carlos Villalba: “En minutos, la pluma de una Cámara no pertinente, y basada en la jurisprudencia de un programa televisivo, intentó borrar la realidad soberana, golpear contra la democracia e imponer el voto calificado de dos jueces por encima del millón de tucumanos que votaron por unos y otros”.

Sin embargo, los jueces impugnadores del voto tucumano sorprendieron al justificar la anulación de las elecciones, como señala palmariamente Mario Wainfeld: “En el tramo resolutivo del fallo, aquel en el que Sus Señorías expresan su propia voz, no se alude a “fraude”. Ni una vez.

El silencio es coherente porque –como confesó uno de los camaristas y desarrolló el candidato radical del Acuerdo para el Bicentenario, el diputado José Cano– los magistrados no estudian si hubo votos malversados, falsificados, pagados o actas adulteradas. Mucho menos cuál fue el impacto de anomalías o delitos en el resultado final.

Tucumán seguiría siendo Macondo dentro de tres meses o seis o lo que podría tardarse en realizar otro comicio. Sus clases populares, vistas desde la atalaya del Poder Judicial y la prensa dominante son personas sin discernimiento propio, “desamparadas” en la hipócrita verba forense. Su voto, imaginan, vale poco. Para remediar el mal, se lo sustraen.

Se minimiza la astucia de los sectores populares, su aptitud para manejarse en relaciones de poder que son asimétricas pero que no anulan su capacidad ni su destreza.

Pavotes que jamás hicieron política suponen que quien se sube a un taxi puesto por un puntero lo vota en el cuarto oscuro. Desconoce la experiencia popular, el potencial del secreto del voto y la capacidad de autodefensa insinuada.

El politólogo Julio Aguirre dosifica proporciones y alerta: “La imagen de los (punteros) mediadores como meros instrumentos de los líderes partidarios, fieles a una única maquinaria política, y de clientes ‘anestesiados políticamente’ a cambio de prebendas, además de basarse en un prejuicio sobre las clases populares, puede ser contraproducente para analizar la dinámica local de las redes clientelares hoy en la Argentina (...) Y por otro lado, a sobreestimar la supuesta garantía del ‘voto cautivo’ y la capacidad de control político y regulación del conflicto de los patrones”.

La interna peronista de 1988 entre el ahora fallecido gobernador Antonio Cafiero y el ahora ex presidente Carlos Menem fue un caso interesante. Hubo localidades donde se comprobaba casi mecánicamente que había ciudadanos que fueron “acarreados” por los cafieristas y votaron a Menem. Las derrotas del duhaldismo a manos de Graciela Fernández Meijide en 1997 y de la ahora presidenta Cristina Fernández de Kirchner son dos ejemplos entre decenas cientos del fracaso del “aparato” al que se atribuyen dotes mágicas”.

Pero lo que se vislumbra tras el insólito y deficiente fallo de la Cámara es el verdadero tema de fondo, como bien señala HoracioVerbitsky: “Según los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek la relación entre punteros políticos y “población desprotegida” es propia de “un sistema de subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar desde el discurso jurídico frente a la situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza como la que, es notorio, padece un amplio sector de nuestra sociedad”.

Esta ausencia de pruebas reconocida en la denuncia se refleja en el fallo. De otro modo, podría haber anulado algunas mesas, pero no la elección.

Pero ahora enfoquemos el análisis en ese mismo tema de fondo, en dilucidar qué es el clientelismo y qué sector de la sociedad responde a él. Para ello, abandonemos nuestros prejuicios y  analicemos qué nos dicen los estudiosos del tema.

Empecemos con la antropóloga Julieta Quirós: “Estamos acostumbrados a ver clientelismo solo en los pobres”. Las explicaciones sobre la participación política de los sectores populares están teñidas por dos imágenes en disputa que yo denomino moralismo y economicismo. A partir de esa oposición se define cuál demanda es legítima y cuál no, cuál tiene aspiraciones propiamente políticas y cuál es clientelar, mercantilizada, o falsa política. (...) El clientelismo es una noción típicamente clase-céntrica que nace para explicar el funcionamiento de una democracia considerada defectuosa, una política juzgada como atrasada, vinculada al caudillismo.

Como vemos, la noción de clientelismo es prejuiciosa (clase-céntrica) y por lo tanto equivocada, inútil para calificar y menos impugnar el derecho a voto de nadie. Pero no sólo los pobres serían “clientes” de las promesas de campaña, ya que podríamos mencionar dentro de este mismo rubro de intereses espurios para escoger el voto, a los llamados “voto licuadora”, “voto dólar uno a uno” o “voto cuota” de los años menemistas, los que contribuyeron a la llegada de la Alianza delarruísta al gobierno; además de los planes sociales de Duhalde o de la Caja PAN del alfonsinismo, que fue un instrumento de emergencia destinado a paliar el hambre postdictadura 1976/1983.

Sergio De Piero, politólogo de UBA/Unaj/Flacso nos aporta más detalles sobre el tema: “La oposición y la mayor parte de la prensa ha calificado la relación entre el oficialismo y estos espacios como clientelar: las personas en situación de pobreza reciben un beneficio y su desesperación los lleva a votar automáticamente al peronismo, que los proveyó de una bolsa de alimentos o un par de zapatillas. Ante la permanencia de sectores viviendo en la informalidad, el gobierno del FpV ha desplegado algunas políticas específicas de transferencia de ingresos, ante la dificultad estructural por reducir la informalidad: Asignación Universal por Hijo, Progresar, Conectar Igualdad, la ampliación de la jubilación, presencia territorial (como los Centros Integradores Comunitarios), son algunas de las iniciativas. Respuestas todas por “fuera” de los circuitos formales del mundo del trabajo y la producción. Desde luego, persistirán prácticas clientelares. La tecnología (las tarjetas bancarias) ayudó para morigerar esas prácticas, pero sabemos que subsisten (…) escuchamos cada día por parte de opositores que “la gente pobre va a votar por una bolsa de comida”.

También aporta lo suyo el politólogo de la UBA y doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, Julio Burdman, quien cambia el eje del debate, afirmando que “el voto de los sectores bajos suele ser un voto de mayor calidad en términos representacionales (…) porque en los sectores bajos es más consistente con la relación de

representación. Como los sectores medios y medios-altos no tienen un partido que los represente socialmente, el voto en esas franjas es muy volátil. (…) El alfonsinismo tenía un mensaje económico que no era liberal en términos económicos y sin embargo era votado por toda una clase media y media-alta que sí lo tiene. Porque el programa económico del alfonsinismo no era neoliberal. (…) el hecho de que el voto de los sectores populares sea tan fuertemente y establemente peronista es una situación bastante racional. Porque el peronismo se dirige a ese electorado. Y es un electorado que está respondiendo a la oferta que el peronismo le envía.

Los sectores medios no cuentan con un partido al que votar elección tras elección. Votan al partido que eventualmente los está representando en un determinado momento con un discurso que está basado en el clivaje y en el tipo de mensaje que esté presente en tal o cual elección.

Para Ernesto Calvo, “el peronismo se comporta como cualquier otro partido de masas”. “Vemos al peronismo bajo lentes que no utilizaríamos para analizar el voto en otros países. Se habla de clientelismo, de mítica, y de todo eso hay algo, pero el voto peronista es peronista porque ha aprendido a lo largo de los años que hay ciertos políticos que pagan más electoralmente”, opinó el profesor de la Universidad de Maryland.

Para Calvo, “el voto peronista es muy estable, sociodemográfica y políticamente” pero esa estabilidad y fortaleza en algunas zonas como el GBA o el norte argentino no está dada por un sentimiento de pertenencia partidaria sino por la percepción de gobernabilidad que garantizan los dirigentes peronistas. “En Argentina no hay ningún determinante de voto que sea más importante que la percepción de capacidad de gobierno, muy por encima de la ideología, de la expectativas de redistribución y de las redes políticas”, explicó.

* Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de Tucumán al reveer el fallo de la Cámara.

Sobre el tema de fondo, la misma Corte Suprema de Justicia de Tucumán le da un marco jurídico a los reparos que los expertos en ciencias sociales presentan a la descalificación o, peor aún, al veto del voto de cualquier sector de la población. Los magistrados de la CSJ corrigieron en forma contundente y ejemplarizadora el fallo y señalaron que “Los motivos que llevan a un elector a votar en tal o cual sentido son de la más variada índole (política, afectiva, económica, religiosa, etc), y podrá compartírselos o no, pero ello no autoriza a ninguna autoridad estatal a inmiscuirse en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano”.
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En otra parte de la sentencia de la Corte Suprema de Tucumán, podemos leer: “dejando a salvo el repudio que merece el comportamiento de marras, resulta infundado ligar de manera indisoluble la práctica clientelar denunciada (“entrega de bolsones”) con la efectiva vulneración de la libertad de conciencia y de elección inherente al elector que también acepta practicarla. Indica que no existe situación alguna, acreditada de manera seria y fehaciente en estas actuaciones, que permita pregonar al Tribunal la afectación de la “conciencia y libertad de los electores” y de la “voluntad popular” en su conjunto, recalcando que la incidencia directa de las prácticas clientelares -descritas en el  pronunciamiento- en el discernimiento, intención y libertad del elector que decide aceptarla, únicamente deriva de una especulación del A quo que no ha sido demostrada en estas actuaciones.

Apunta que el “cuarto oscuro” ha sido la herramienta por excelencia para procurar poner al elector al abrigo de cualquier presión”.

* Conclusión

Un par de jueces tucumanos intentaron quemar todas las urnas que se salvaron de la hoguera armada por un grupo de militantes macristas, plegándose así a esta especie de simbólico Cromañón voluntario de los comicios tucumanos perpetrado por la oposición. La Suprema Corte de Justicia tucumana reparó ese atentado contra la decisión popular, pero las razones de fondo de ese intento quedaron en el aire de la ciudadanía, remontándonos a las peores épocas de la violación de la voluntad popular para elegir a nuestros gobernantes.

La remanida y resucitada en estos días creencia de que no todos estamos capacitados para escoger a nuestros representantes (lo que nos lleva directo al “voto calificado”), y que eso depende de la clase social, estudios, conocimientos o, peor aún, del color de nuestra piel, no sólo es aberrante, arcaica, racista y discriminatoria sino que, peor aún, es prejuiciosa y equivocada. Cualquiera que quiera averiguar algo o profundizar sobre el tema del clientelismo (harto estudiado por las ciencias sociales), sólo tiene que saber leer, y atreverse a cuestionar la inveterada creencia de que no todos los seres humanos somos iguales en derechos y, por lo tanto, ante la ley. (Más abajo ofreceremos algunas obras recomendadas que abordan el tema.)

No dejemos que la ignorancia (madre de todos los prejuicios sociales) nos lleve por caminos que ya hemos transitado y que sólo nos llevaron a tiempos peores, cuando los únicos respetados fueron los intereses del que el yrigoyenismo llamaba “el régimen”, que el peronismo llamaba la oligarquía, que luego se lo llamó el establishment y que hoy fue rebautizado como el Círculo Rojo.

Para quienes les interese informarse sobre el tema antes de hablar de más, algunos libros recomendados:

"La politica de los pobres" de Javier Aurello.

"Pobres ciudadanos" de David Merkler.

"El Por qué de los que se van" de Julieta Quirós.

"Votos, Chapas y Fideos. Clientelismo Político y Ayuda Social" de Pablo José Torres.

"De Políticos, Punteros y Clientes" de Pablo José Torres.