Volveremos a este concepto al final de la nota, ahora repasemos lo que sucedió en la sesión de la OEA según cuatro diarios:
Informó La Nación:
Periodistas denuncian ante la OEA que el Gobierno busca limitar la libertad de prensa en el país.
El periodista Joaquín Morales Solá denunció que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada". Denunció, por ejemplo, "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que -dijo- "ha perdido la tranquilidad" para su profesión. En este sentido, señaló que se produce una "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tiene una visión crítica del Gobierno".
Además, declaró que algunos periodistas son insultados y agraviados cotidianamente en la calle por personas que se identifican con el Gobierno nacional. "Te gritan sicario, vendepatria. Las palabras violentas preceden a los hechos violentos, y en este momento no sabemos a cuánto estamos de la frontera que divide las palabras de los hechos", indicó.
En la misma línea, Magdalena Ruíz Guiñazú sostuvo que "hace tres años" fue sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa Rosada a plena luz del día en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura".
En su testimonio, Ruíz Guiñazú no solo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia".
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Infornó Clarín:
Periodistas denuncian en la OEA límites a la libertad de expresión.
En una tensa audiencia que tuvo lugar ayer en la Comisión Interamericana de derechos humanos, dos prestigiosos periodistas argentinos, Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola, criticaron ayer duramente la situación de la libertad de prensa en la Argentina mientras que representantes del gobierno respondieron con evasivas.
Acompañados por Torcuato Alfredo Sozio de la Asociación para los Derechos Civiles, los periodistas pidieron que la CIDH envié una misión a la Argentina para que constate in situ las “intimidaciones” y “presiones” que padecen y las distintas maneras en que el gobierno esta “cercenando” la libertad de expresión mientas que convierte al periodismo en su “enemigo principal”.
La que abrió el fuego cruzado fue Ruiz Guiñazú, de Radio Continental quien denunció el juicio “ético y popular” organizado por la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini al que fue sometida en la Plaza de Mayo
“Fui acusada falsamente de ser al vocera de prensa del ministerio de economía durante la dictadura” dijo Ruiz Guiñazú .
Al tomar la palabra, Morales Solá explicó que las apariencias de libertad de expresión “engañan” mucho en la Argentina. Según él el problema principal es que “el Gobierno considera al periodismo como su único adversario, su único enemigo a vencer”.
“El periodismo independiente ha perdido la tranquilidad necesaria para ejercer su labor en libertad, y eso es censura indirecta”, dijo Morales Sola.
Según el periodista, columnista del diario La Nación, los métodos del Gobierno para “acallar las voces críticas” son la “descalificación, la demonización, la calumnia o la difamación”.
Morales Solá dijo luego que “el Gobierno está reemplazando la condena penal por la condena publica. No sé que es peor.
Prefiero la cárcel al odio y la descalificación, prefiero la cárcel a que el Estado cambie la historia de mi vida”.
Torcuato Sozio, de Derechos Civiles, denunció por su parte el uso político de la publicidad oficial y pidió al gobierno kirchnerista “reglas claras” y “transparentes”.
“No se advierten razones objetivas para haber convocado a una audiencia”, sostuvo Salgado explicando que antes de llegar a la Comisión de la OEA este tipo de denuncias deben agotar todas las instancias judiciales en la Argentina.
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Informó Página/12:
Puesta en escena sin avances concretos.
En representación de un grupo de periodistas, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú expusieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, la que, consideraron, “está siendo cercenada”.
La base de la denuncia era el juicio ético realizado en 2009 por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo a algunos periodistas acerca de su actividad durante la dictadura militar. “Se desarrolló frente a la Casa de Gobierno, a plena luz del día”, se escandalizó ayer Ruiz Guiñazú, desmintiendo la acusación que le hicieran allí de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura. La relación de esa actividad de las Madres de Hebe de Bonafini con el Gobierno no resultó clara.
Morales Solá reconoció el avance dado por el Gobierno al despenalizar el delito de calumnias e injurias, pero dijo que no había sido una iniciativa propia sino consecuencia del fallo de la CIDH en el caso Kimel. “Podemos escribir y decir lo que queremos, pero no trabajamos tranquilos”, consideró el columnista de La Nación y TN.
Los integrantes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH realizaron varias preguntas a cada una de las partes que quedaron mayormente sin respuesta, en buena medida debido al escaso tiempo que duró la audiencia, poco más de una hora. La relatora Catalina Botero les dijo a Morales Solá y Ruiz Guiñazú que entendía “su frustración por las acusaciones”, pero que si lo que ellos presentaban como denuncia –el acto de las Madres– “no se trata también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad”. Otra de las integrantes de la relatoría, Rosa María Ortiz, elogió al gobierno argentino por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que definió como uno de los intentos que había en la región “para democratizar los medios”.
Las preguntas giraron en torno de si los peticionantes habían acudido a la Justicia por los problemas planteados –los periodistas no respondieron– y al gobierno argentino acerca de los criterios de distribución de la pauta oficial.
Juan Ross, subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete, mostró gráficos sobre el crecimiento de la pauta oficial en los últimos años, pero también de la mucho mayor pauta privada. “Analizar la evolución de la publicidad oficial en la Argentina sin analizar la evolución de la publicidad privada nos da una mirada sesgada de la verdadera situación del mercado”, concluyó.
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Informó Tiempo Argentino:
La CIDH elogió la Ley de Medios y restó trascendencia a denuncia de periodistas.
La promocionada audiencia de periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ni siquiera alcanzó las expectativas que intentaron generar desde los medios que confiaron su representación a Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. La pobreza argumental de los periodistas llevaron a los integrantes de la Comisión a hacer una rápida aclaración: "Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie."
Los peticionantes –tal el rótulo que le otorgó la Comisión a los representantes de las empresas que solicitaron la audiencia– redujeron la cuestión de la libertad de expresión a una mera discusión económica sobre la distribución de la pauta oficial y no pudieron explicar por qué ante la supuesta gravedad de la situación no hicieron presentaciones judiciales ante la justicia local.
Tanto Rosa María Ortiz como Rodrigo Escobar Gil, dos de los miembros de la Comisión, avanzaron ante el relato de los interesados y preguntaron, ante la supuesta gravedad de la situación denunciada, "si habían presentado denuncias en la justicia o ante la Procuración General de la Nación", y en caso de que no lo hubieran hecho solicitaron "que expliquen la razón".
La respuesta nunca llegó. Tanto Morales Solá como Ruiz Guiñazú prefirieron dedicar el tiempo de la Comisión a intentar enhebrar argumentos que demostrasen sin ejemplos concretos los supuestos atropellos del Estado. El aporte más importante a la confusión lo hizo Morales Solá. "Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos", preguntó el hombre de TN y La Nación y siguió: "La respuesta es que sí", aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos" debido a las críticas que reciben.
Con una concepción similar Ruiz Guiñazú comenzó su exposición, en la audiencia que se extendió por una hora, con un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que, según dijo, fue protagonista y "acusada falsamente" de haber sido la jefa de prensa del Ministerio de Economía de la última dictadura militar.
Al respecto, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, advirtió que quienes critican a los peticionantes "también están en el ejercicio de la libertad de expresión". Más aún, Botero les preguntó si las críticas dirigidas hacia ellos "no se tratan también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil" y si no se deben también "respetar esas manifestaciones".
Ante la notoria vaguedad de los argumentos del tenor de "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada" y teniendo en cuenta que al solicitar la habilitación del panel de discusión los peticionantes advirtieron que se registran "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión", la Comisión pidió precisiones. En este caso, la respuesta tampoco llegó.
Dado el curso que tomó la audiencia y el casi monotemático cuestionamiento sobre la distribución de la publicidad oficial Juan Ross, secretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete y uno de los dos representantes del Estado presentes , decidió profundizar al respecto y en primer término subrayó: "El Estado Argentino tiene criterios para la distribución de publicidad oficial."
En tanto que a la hora de argumentar, el funcionario recurrió a demostrar la imposibilidad fáctica que tiene el Estado para ejercer algún tipo de censura debido a la mínima porción de la torta publicitaria que representa la publicidad oficial y detalló que "la publicidad oficial en 2009 fue de 388 millones de pesos y hacia fines de 2012 llegó a 796" en tanto que la publicidad "en 2003 fue 2200 millones y a fines de 2012 llegó a 22 mil millones".
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Finalmente, reproducimos parte de un excelente resúmen de la audiencia que hizo el periodista Horacio Verbitsky (quien conoce como nadie el foro de libertad de expresión de la OEA, porque fue querellante ante la misma y ganó un litigio contra el Estado hace unos años) que, además de preciso y concluyente, clarifica cuál es el tema debatido en ese foro interamericano:
Buenas preguntas.
El viernes, durante la audiencia en la CIDH solicitada por un grupo de periodistas argentinos para quejarse por la supuesta persecución que padecen por parte del gobierno, hubo un par de preguntas interesantes, que los peticionarios no contestaron. Los comisionados Rodrigo Escobar Gil, colombiano, y Rosa María Ortiz, paraguaya, quisieron saber si los periodistas habían acudido a la Justicia para denunciar lo que contaron en la audiencia y, en caso contrario, por qué no. La Relatora para la Libertad de expresión, la también colombiana Catalina Botero, preguntó si el juicio público que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá presentaron como una difamación oficial no era un ejercicio de la libertad de expresión de otro sector de la sociedad. Morales Solá dijo que un extranjero podría pensar que no hay problemas de libertad de expresión en la Argentina pero que esa era una apariencia equivocada, porque el gobierno pretende “eliminar al periodismo”. También desvalorizó la despenalización de las calumnias e injurias cuando hay un interés público en juego y el reemplazo de la pena por una multa en los demás casos. Dijo que el gobierno sustituyó la condena penal por la condena pública y que él prefería la cárcel al odio y la descalificación y a que el Estado cambie la historia de su vida, al presentarlo falsamente como partidario de la dictadura. Como se ve, también en cuestión de preferencias, la Argentina es un país libre y plural. La audiencia concluyó sin que pudiera saberse si elegiría una cárcel federal o una del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En una sobria intervención, el funcionario de la Cancillería Javier Salgado explicó la diferencia entre una audiencia temática general, como la del viernes, y un caso, en el que sí es procedente debatir situaciones individuales como las expuestas. También destacó que la Argentina es el país que más casos ha resuelto en el Sistema mediante el procedimiento de la solución amistosa. Dos de ellas dieron lugar a reformas legislativas, en los casos “Verbitsky” y “Kimel”, que despenalizaron la expresión. De todas las peticiones presentadas desde la Argentina que están en trámite, sólo el uno y medio por ciento se refieren a libertad de expresión, ninguna por hechos ocurridos a partir de 2003. Y dentro del país sólo hay dos causas judiciales abiertas, ambas del periodista Luis Majul, una por las investigaciones de la AFIP y otra por el hackeo de su casilla electrónica, que fue remitida al juzgado federal de San Isidro (allí están procesados por la interceptación de comunicaciones el general Daniel Reimundes, los ex servicios de informaciones Juan Yofre, Héctor Alderete, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; el empresario Néstor Ick y, por encubrimiento y revelación de secretos, los periodistas Roberto García, Héctor Mainhard y Carlos Pagni). Salgado mencionó otras decisiones favorables a la libertad de expresión y de prensa: la declaración de interés público de la fabricación y distribución de papel para periódicos de modo de asegurar la igualdad de oportunidades; la ley de democratización de la representación política que garantiza a todos los partidos espacios gratuitos en los medios audiovisuales; la resolución 210 de 2001 que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad no reprimir la expresión de reclamos sociales o políticos y respetar y proteger la actividad periodística durante su transcurso.
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Morales Solá, censor de Caloi
Como sugerimos al comienzo de la nota, de los propios argumentos de los "denunciantes" (claramente nerviosos o incómodos al declarar ante la audiencia) se deduce que en el país donde acaba de ratificarse judicialmente la ley que promueve la más amplia libertad de expresión de la región (elogiada y recomendada por la OEA y la ONU) el periodismo puede decir lo que quiera, incluso mentir, sin que el Estado lo impida.
Para quienes deseen presenciar personalmente el debate completo, Basurero Nacional ofrece aquí la versión en video de la audiencia:
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