Por eso, este humilde servidor público repasa aquí algunos de "los elefantes que nos pasan por detrás" mientras toda la sociedad busca a los tres prófugos.
Empecemos por la pérdida de empleos:
Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
Nuevo ataque a la AFSCA: despidos masivos a los trabajadores
En el día de hoy los empleados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se encontraron con un cordón policial y un funcionario de la nueva gestión del Ente Nacional de Comunicaciones - Encom - y esperan una notificación que los deja sin trabajo. Denuncian persecución política
Ante este atropello a una Ley de Medios votada y promulgada en el 2009, hoy en la calle Suipacha al 700 donde hasta hace unos días funcionaba la AFSCA, hoy llamada Encom, hace su nueva devolución de favores al grupo Clarín y despidió a los trabajadores que estaban bajo el mando de Martín Sabbatella.
Denuncian que ahora la condición para ingresar al Organismo es figurar en una lista confeccionada con criterios que hasta el momento se desconocen. Las personas que se encontraron hoy con que ya no tienen más trabajo, dicen que hay una persecución ideológica.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
Lombardi empezó a vaciar el Centro Cultural Kirchner
El titular del Sistema de Medios volvió a avanzar contra los trabajadores del Centro Cultural Néstor Kirchner. El 85% de la planta quedará desafectada y el resto tendrán contrato por entre "uno y tres meses".
Las idas y vueltas de Hernán Lombardi sobre el futuro laboral de los trabajadores del CCK preocupa a toda la planta del Centro Cultural. Tras volver a negarles la entrada este martes, el titular del Sistema de Medios lanzó una catarata de tuits en la que dejó en claro que varios no seguirán.
Según Lombardi, "los contratos involucraban al 85% de los designados que tenían su relación laboral triangulada con las Universidades". Aparentemente, la idea del funcionario es resolver estas supuestas irregularidades con el fin del vínculo, lo que deja a los empleados en la calle.
Sobre el 15% restante, dijo que "serán renovados por entre uno y tres meses de acuerdo a la normativa emanada del ministerio de Modernización".
De este modo, en tres meses podrían ponerse en riesgo el 100% de los puestos de trabajo del CCK.
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Polémica por el sueldo de Martiniano Molina en Quilmes
Tras despedir a mil empleados municipales, el intendente pasó a cobrar 112 mil pesos.
El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, comenzó el año con un incremento de salario de casi el 30%, según denunciaron desde la oposición. El cocinero cobrará un sueldo bruto de $112 mil, más un 50% adicional en "gastos de representación".
Al aumento se le agregan "gastos por representación" que tendrá el intendente. Esos fondos podrán o no ser usados por el jefe comunal, según explicaron fuentes del entorno del intendente a El Destape. Estos gastos no forman parte del salario y es un dinero de reserva destinado a cuestiones que tengan que ver con su tarea como jefe comunal.
Alarma por despidos
Los trabajadores de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, denunciaron que las autoridades del municipio despidieron a cientos de empleados.
"Las autoridades de la actual gestión de gobierno no han podido dar cuenta de un proceso evaluativo propio que sostenga la decisión de la no renovación de los contratos", indicaron en un comunicado de prensa. Además, los municipales sostienen que no hubo evaluación laboral de los trabajadores y que "los despidos se deben a una decisión política".
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Son cada vez más los despidos en el Estado y denuncian persecución política
Además de la Cámara de Diputados y el Senado, también empezaron los recortes en la ex AFSCA, donde hay delegados gremiales echados, así como en Vialidad Nacional. La situación se repite en otras dependencias.
El comienzo del 2016 fue muy tumultuoso para los trabajadores del Estado, que se mantienen con incertidumbre respecto de su futuro laboral. Así, a los despidos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, este martes se sumó la AFSCA al proceso de recorte de personal que mantiene a los gremios en alerta.
Según denunciaron a El Destape, entre los despedidos de organismos como AFSCA, el CCNK y Vialidad Nacional hay delegados gremiales y quienes aportan parte de su sueldo al partido Nuevo Encuentro y figuran en las planillas de recursos humanos como tales.
Esta mañana, las oficinas de la (ex) autoridad de aplicación de la "ley de medios" amanecieron cerradas y con custodia policial. Según denunciaron desde ATE y ex funcionarios del organismo, se obligó a los trabajadores a hacer una fila en la calle para hacerlos pasar de a uno al edificio, donde luego son notificados sin continúan trabajando o son despedidos.
El vocero de AFSCA, Fernando Torrillate, relató a El Destape que "los hacen formar fila con el DNI y les dicen si están despedidos o no. La Policía tiene el listado con notificaciones firmadas por (el interventor Agustín) Garzón, con fecha del 29 de diciembre. Está desobedeciendo fallo de (el juez Luis) Arias".
La AFSCA fue intervenida el 23 de diciembre pasado y designado, en lugar de Sabbatella y todo el directorio, al legislador del PRO Agustín Garzón. Luego, el 29 del mismo mes, el Gobierno nacional anunció la firma de un DNU que modificaba las leyes 26.522 y 27.078 (Argentina Digital), eliminando AFSCA y AFTIC y creando un nuevo ente, el ENaCom. Esto debía ser puesto en suspenso por la medida precautelar dictada el mismo día por el magistrado platense Luis Arias. Sin embargo, el Gobierno avanzó y publicó ayer el decreto en el Boletín Oficial.
Desde ATE, que se encuentra en estado de "alerta y movilización" tras la asunción de Mauricio Macri, denunciaron que hubo nueve delegados del sindicato dejados de lado en el ente autárquico. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dijo a este portal que "hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido".
Según Catalano, la situación se repite en otras dependencias del Estado con trabajadores que incluso exceden en su antigüedad los mandatos del Gobierno anterior. "Tenemos despidos confirmados en el Centro Cultural Kirchner, en AFSCA y dentro de Vialidad Nacional hay 20 despidos al día de hoy, gente con 15 años de antigüedad" afirmó. Lo mismo, denunció, ocurre en jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación. "Hay gente con 5, 6, 10 años (de antigüedad)" que habrían sido cesanteados "por presunción de actividad política". "No podemos creer el nivel de violencia institucional que están tomando", sostuvo indignado el gremialista.
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Estatales: ¿Primera ola de conflictividad?
Más allá de algunos episodios aislados en el sector privado (Techint, Cresta Roja), el sector estatal se perfila como el polo que encabezará la primera ola de conflictividad a partir de los despidos que se expanden en la órbita estatal.
Preparando el terreno: demonizar al trabajador
Durante la campaña electoral, los medios hegemónicos desarrollaron en paralelo una campaña sucia contra los trabajadores estatales. El objetivo era condicionar la agenda del próximo presidente entorno a un ajuste del gasto público, con el trabajo como variable central, y, al mismo tiempo, generar legitimidad sobre la consecuente ola de despidos.
En ese marco, se inscribe el editorial de La Nación del 2 de octubre de 2015 “Explosión del Empleo Público” en la que se “alerta” sobre el crecimiento del empleo en el sector estatal entre 2015 y 2014 con eje en la filiación política de los trabajadores.
Para muestra solo basta un botón. De esta manera, medios como La Nación corrieron el eje de discusión acerca de la problemática laboral en el Estado: el verdadero problema del empleo público no son los “ñoquis” ni la filiación política sino la flexibilización y precariedad laboral que siguen padeciendo miles de trabajadores.
Poder Ejecutivo: disoluciones y ola de despidos
El flamante gobierno despidió el año con un DNU que colocó un revolver en la cabeza de los trabajadores del Estado. A través del decreto 254/2015, el Presidente instruyó a los ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados y a las empresas y sociedades del Estado "a revisar los procesos concursales y de selección de personal".
La norma autoriza también a revisar "en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente decreto".
Amparados en este marco (político y normativo) la gestión CAMBIEMOS lanzó una ola de despidos que ya acumula:
-Cámara de Senadores del Congreso Nacional: 2035 trabajadores despedidos.
-Centro Cultural Néstor Kirchner: 600 trabajadores despedidos.
-Jefatura de Gabinete: 120 trabajadores despedidos
-Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD): 14 trabajadores despedidos.
A estas cesantías se suma el destino que tendrán los trabajadores del Instituto Dorrego, disuelto recientemente bajo la promesa incierta de re-ubicación de sus empleados.
Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta y movilización. Norberto Di Prospero, secretario general del gremio de legislativos (APL), señaló que “lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”.
Desde UPCN su secretario general Andrés Rodriguez negó públicamente la existencia de ñoquis en el Estado y repudió el tono peyorativo del concepto utilizado por funcionarios y periodistas.
Onda expansiva: despidos en municipios de PBA
La ola de despidos ya comenzó a expandirse nivel municipal con focos de conflicto que ya estallaron en intendencias como La Plata, donde más de 3000 trabajadores entre empleados de planta permanente y cooperativistas fueron cesanteados.
El desagregado territorial arroja el siguiente escenario en Provincia de Buenos Aires:
-La Plata: más de 3000 trabajadores despedidos
-Quilmes: 1000 trabajadores despedidos.
-Malvinas Argentinas: 900 trabajadores despedidos.
-Coronel Vidal: 300 trabajadores despedidos.
-Lanús: 290 trabajadores despedidos.
-Coronel Suarez: 60 trabajadores despedidos.
-Adolfo Alsina: 60 trabajadores despedidos.
-Chascomús: 32 trabajadores despedidos.
-Esteban Echeverría: 30 trabajadores despedidos.
El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, aseguró que “los telegramas comenzaron a llegar ayer, en el primer día hábil del año, por eso estamos evaluando con los sindicatos locales cuál es la situación concreta en cada distrito".
Asimismo, Garcia explicó que la Ley 14.656, que entró en vigencia el 6 de julio de 2015, garantiza la estabilidad del empleo público y el Salario Mínimo, Vital y Móvil “para los trabajadores que cumplen los 12 meses de servicio”.
La herencia
Posiblemente, la caza de brujas sobre los empleados ingresados en los últimos años hubiese sido inevitable, sobretodo en un clima de revanchismo político como el que se perfila en la actualidad.
No obstante, la indefensión de muchos trabajadores ante esta avanzada que tiene como variable de ajuste al trabajo se ve agravada por inestabilidad laboral de muchos de ellos. Si hablamos de “herencia”, la más grave de todas es la “herencia” de la precarización laboral en el Estado, que pese a algunas efectivizaciones de último momento, sigue siendo el principal flagelo del estatal.
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Sigamos ahora con los precios y la inflación.
Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
Todesca: "No va a haber IPC de referencia al momento de negociar las paritarias".
El titular del Indec, Jorge Todesca, adelantó que el organismo estará regularizado "en el transcurso de 2016". Por ahora no habrá Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni medición de la Canasta Básica.
"No va a haber un IPC para tomar de referencia al momento de negociar las paritarias, pero tenemos dos índices, el de CABA y el de San Luis, que son confiables y dan entre el 23 y 24 por ciento de inflación anual", dijo el titular del Indec, Jorge Todesca en declaraciones radiales.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
La nafta “a mitad de año va a estar por encima de los $20”, sostuvo Manuel García, presidente de AESI
Tras el aumento del 6% dispuesto en los combustibles, el titular de la Cámara de Estaciones de Servicios Independientes adelantó que habrá nuevas subas con el correr de los días hasta ubicarse en el precio anterior a la devaluación, cuando era de US$1,40 por litro en el caso de la nafta.
“En dos meses la nafta premium estará en $19, y se seguirá ajustando por el costo de vida y a mitad de año va a estar por encima de los $20”, pronosticó Manuel García, referente de los empresarios de estaciones de servicio independientes.
“Haber anunciado con tanta anticipación una devaluación hizo que los precios se dispararan en dos etapas. Ahora vino el aumento de la nafta y nuevamente se ajustan, y es ajuste sobre ajuste. La gente está de vacaciones, tarjetea, pero en marzo cuando se quiten los subsidios, y la nafta esté tocando los $20, y haya pagar la tarjeta de crédito, esto será un golpe fuerte para la gente”, sostuvo García.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
Productores de alimentos descartan que se vayan a retrotraer los precios
"Con carácter general no veo posibilidad que sea así. Con carácter específico, puede haber casos. Pueden haber situaciones puntuales, pero de ninguna manera medida de carácter general", dijo Funes de Rioja en declaraciones a Radio 10.
El titular de la COPAL justificó en ese sentido los incrementos de precios efectuados por empresas desde noviembre, suba que algunos calificaron como "colchón" contra la devaluación que se vislumbraba en ese momento con el triunfo de Cambiemos.
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Y estas medidas traen como consecuencia (¿buscada?) la siguiente:
Macri quiere un desempleo del 15% para negociar salarios a la baja
"Con este nivel de salarios, Argentina es inviable: sólo vamos a comenzar a crecer bajándolos al menos un 40 %. Y la única forma de negociar una baja real con estos sindicatos es llegar a un desempleo superior al 15%".
La frase pertenece a Carlos Melconian, el verdadero ministro de Economía de Mauricio Macri, y se la dijo al presidente el 24 de noviembre, dos días después del triunfo del PRO, delante de dos miembros del equipo económico.
En pocas semanas el Gobierno avanzó en esa dirección con varias medidas:
1- Lanzó un plan de despidos masivos de trabajadores estatales en todo el país, que contempla cargarse 200 mil empleos en dos meses, entre puestos nacionales, provinciales y municipales.
2- Ordenó al Ministerio de Trabajo mantener una actitud pasiva ante despidos privados. Hasta ahora, la cartera laboral intervenía de oficio ante la menor amenaza de pérdida de empleos.
3- Abrió el grifo de las importaciones en áreas sensibles de la economía, como textiles, indumentaria y calzado, que pueden perder decenas de miles de puestos en poco tiempo.
4- Suspendió obras de infraestructura que, según empresarios del sector de la construcción, dejarán en la calle a 150 mil trabajadores.
5- La suba del precio de los alimentos y la eliminación de los subsidios a los servicios públicos generarán, según los principales consultores, una caída del consumo en 2016 cercana al 3,5%. Con ese derrape se perderán otros 250 mil empleos.
En menos de un mes se despidieron 2.000 trabajadores del Senado Nacional, 480 del AFSCA, 600 del Centro Cultural Néstor Kirchner, 330 del Banco Nación, 4.500 de la Municipalidad de La Plata, 750 del municipio de Quilmes y 330 trabajadores de Vialidad Nacional, por citar algunos casos. Los despidos no guardan relación con la capacidad laboral del trabajador, ya que no hubo tiempo de evaluarlos. En todos los casos incluyen empleos con hasta 15 años de antigüedad, personas de más de 40 años y hasta embarazadas.
Melconian afirma que "el mercado de trabajo es una bolsa en la que entran todos; da lo mismo echar un empleado público que uno de calzado: luego todos pulsearán por conseguir un mismo empleo y presionarán los salarios a la baja".
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Repasemos ahora las medidas tomadas por el macrismo relacionadas con la deuda externa y el poder financiero y el de la banca.
Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
El megacanje II
El gobierno de Mauricio Macri ha concretado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un megacanje de deuda que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares. Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va de 6 a 11 años. Sturzenegger entiende de megacanjes y el consiguiente incremento de deuda e intereses. Además del aumento de los servicios de la deuda por el alza de la tasa de interés, este megacenaje convierte una deuda intra sector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. El trueque de papeles de deuda fue dispuesto por un DNU del 22 de diciembre pasado que derogó un artículo de la ley de Presupuesto 2016. La operación financiera tiene como protagonistas al Tesoro Nacional y al Banco Central, con la ansiosa expectativa de un grupo de bancos internacionales y locales de regresar a los buenos tiempos de los noventa con emisiones de títulos, ingeniería financiera de reestructuraciones y préstamos con garantías, comisiones abultadas y el juego especulativo con bonos de deuda pública. Esa transacción sólo sería el primer paso del megacanje que podría sumar otros 48.387 millones de dólares, para totalizar 64.486 millones de dólares, que Prat-Gay redondeó en 65 mil millones en su primera conferencia de prensa. Con esta operación impactante por el monto involucrado y otras medidas de regulación monetaria y financiera instrumentadas en menos de un mes, el Banco Central ha vuelto a responder a los intereses de los históricos actores económicos que se han arrogado ser dueños de esa entidad: los banqueros.
En el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para recoger beneficios: HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs.
El argumento del Banco Central para justificar este megacanje oneroso para el fisco nacional (“un mejoramiento de condiciones a cargo del Tesoro Nacional”, se indica en el DNU) es que de ese modo reparará la calidad de su balance. Las Letras eran intransferibles, o sea no podían venderse en el mercado financiero, y devengaban una muy baja tasa de interés (Libor anual (1,5950 por ciento) menos 1 punto porcentual). En cambio, los nuevos bonos se podrán comercializar en el mercado y la tasa de interés será de 7,75 por ciento anual (Bonar 2022) y de 7,875 por ciento anual (los otros dos títulos). Estas dos cualidades es la que permitirá ejecutar la operación financiera con los bancos internacionales: los papeles de deuda tendrán cotización de mercado y entonces se podrán transar, además con una atractiva tasa de interés en dólares. Así una deuda pública (las Letras) no exigible de pago (la relación deudor-acreedor es entre organismos públicos lo que facilita una permanente refinanciación) pasará a serlo con los bonos (el acreedor privado, en cambio, busca lógicamente cobrar capital e intereses).
Gasto público
Durante muchos años el rubro intereses de la deuda en el Presupuesto Nacional era evaluado con especial dedicación en las consultoras de la city porque orientaba acerca de cuál iba a ser la magnitud del ajuste fiscal exigido por la banca acreedora para aceptar la refinanciación de la deuda, con la esmerada auditoria del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de capital no es una cuenta inquietante para los acreedores privados porque el objetivo que tiene con la deuda es su refinanciación. La clave de su negocio es cobrar los intereses cada año de una deuda incremental.
Los requerimientos de política económica trasmitidos a los gobiernos es definir entonces una estructura de gastos e ingresos (presupuesto nacional) que garantice el pago de los intereses. Cuanto más elevado es el monto a desembolsar por los servicios de la deuda, más importante debe ser el ajuste fiscal. Así fue durante la década del noventa hasta el estallido de la convertibilidad en 2001, cuando los intereses de la deuda pública eran equivalente al 22,4 por ciento del total del gasto público y equivalían al 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, según el presupuesto de ese año que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto).
El servicio de la deuda en 2015 sumó 96.217 millones de pesos del gasto público (el mencionado 7,7 por ciento del total), según el Presupuesto aprobado en el Congreso, pero concentrada la deuda en el sector público (la deuda en manos privada equivale a apenas el 12 por ciento del PIB). Este megacanje significa en promedio de la duración de los nuevos bonos unos 1056 millones de dólares anuales más de intereses, que equivale a 14.784 millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Ese monto en pesos implica un 15 por ciento más de gasto en intereses presupuestado en 2015. Además que se abrirá la puerta a que esos papeles terminen en manos de acreedores privados.
Entonces si el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay se completa por el total de 65 mil millones de dólares en iguales condiciones de quita de capital, tasas y plazos, los servicios de deuda adicionales en casi nueve años (el período promedio de los bonos emitidos) totalizarían 36.638 millones de dólares. Una carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin ningún tipo de control del Congreso. Así el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.
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La banca al poder.
Sin decretos simples o de necesidad y urgencia, con resoluciones y comunicaciones a entidades financieras, el Banco Central ha empezado a desmontar el régimen de regulación del sistema bancario construido en los últimos cuatro años, en una valiosa experiencia de la heterodoxia para controlar a las fieras de las finanzas. Además del megacanje II, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger, presidente en comisión hasta que el Congreso apruebe su designación, avanzó en una serie de medidas de liberalización del mercado del agrado de los banqueros. El sistema financiero no fue castigado por los gobiernos kirchneristas pese a los controles de esos años. Por el contrario fue uno de los sectores que más utilidades contabilizó durante ese ciclo político. A partir de ahora, con el gobierno de Mauricio Macri, los bancos ganarán todavía más.
Sturzenegger desarticuló regulaciones que habían limitado el accionar perturbador de la estabilidad económica de capitales financieros especulativos, y de abuso a ahorristas y empresas por parte de los bancos. Una de las primeras medidas fue eliminar el encaje del 30 por ciento sobre el ingreso de divisas del exterior, que obligaba a los inversores extranjeros a congelar por un año dicha proporción de los fondos ingresados, como forma de desalentar la volatilidad de los capitales especulativos.
En esa misma estrategia de facilitar la bicicleta financiera, el Banco Central liberó a las entidades de la obligación de mantener en cartera por tres días hábiles los bonos operados en dólares antes de poder venderlos. Era una regulación para incrementar el riesgo de la operación conocida como “contado con liquidación”. De esa manera se buscaba desalentar la fuga de capitales por esa vía. La apuesta oficial con esta medida como la anterior mencionada con las Lebac y Nobac es que ingresen en el corto plazo dólares especulativos que permitan incrementar las reservas internacionales a cambio de obtener por esos fondos una importante ganancia con la tasa de interés.
Sturzenegger también dio respuesta a un insistente reclamo de los banqueros. Las entidades estaban obligadas a pagar una tasa mínima a los ahorristas por sus colocaciones a plazo, a la vez que tenían tope para cobrar a empresas y por préstamos personales. Sturzenegger eliminó esos límites a las tasas de interés activas y pasivas. Desde el 17 de diciembre las operaciones se pactan a las tasas libremente convenidas entre las entidades financieras y sus clientes. Así el spreads (brecha entre ambas tasas) se amplió, con una suba proporcionalmente mayor para las tasas de préstamos (más del 50 por ciento anual en financiamiento del saldo de tarjetas) que para las tasas pagadas a ahorristas (28 al 30 por ciento anual).
Después de las gestiones de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, que despertaron la resistencia de economistas de la ortodoxia y de banqueros, la restauración conservadora ha regresado al Banco Central. El poder financiero ya puede estar aliviado: el territorio para sus negocios volvió a su control.
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Y como yapa, también nos pasó el elefante del aumento del poder de la policía que creíamos olvidada en décadas.
Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:
En la Ciudad es legal que la policía pida documentos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires avaló que la Policía frene a transeúntes en lugares públicos para pedir documentos como forma de "prevenir delitos".
En sí, el fallo dispuso "devolver las actuaciones a la Cámara para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento, con arreglo a la doctrina aquí sentada".
En una instancia previa, la Cámara de Apelaciones había ratificado la nulidad del procedimiento "por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación -aunque fuese por un tiempo mínimo- y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo". El hecho había ocurrido el 14 de abril de 2014, a las 15:20, y el nombre del implicado era Lucas Abel Vera.
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A todo esto, a quien este humilde Basurero Nacional llama el "Gran Decretador", el presidente Macri (ex defensor de las instituciones y "republicanista" en retiro efectivo, se dispone a seguir gobernando a decretazo limpio.
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Frigerio: "El Gobierno seguirá gobernando a través de decretos"
Frigerio consideró que la estrategia de utilizar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar medidas de gobierno "no está reñida con el diálogo" que el PRO promulgó durante la campaña electoral y argumentó que "el Congreso empezará a sesionar en marzo y, a partir de ese momento, las iniciativas van a pasar por su lugar natural".
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