30 de abril de 2015

Talleres clandestinos, incendios y muertes, sospechas sobre su mujer, ¿cuántos Cromañones resiste Macri?


La tragedia del boliche Cromañón marcó el fin del gobierno de Aníbal Ibarra, ya que fue destituido mediante un juicio político por su responsabilidad política. Aunque la justicia no encontró ninguna relación entre él y el hecho, la repercusión mediática salpicó tanto su gestión que desprestigió su carrera política. ¿Podrá pasar lo mismo con Mauricio Macri con el caso de los talleres clandestinos? Este humilde servidor público se atreve a apostar que no. Una cosa es tener a los medios de difusión hegemónicos en contra y otra tenerlos a favor...
Y entonces, ¿cuántos Cromañones resiste el macrismo? Dos, tres, muchos Cromañones...
Más allá de la opinión de este Basurero, analicemos primero los hechos para saber de qué estamos hablando:


El taller textil nunca fue inspeccionado.
La ONG La Alameda confirmó que en septiembre pasado lo incluyó en una presentación por "trabajo esclavo".
El taller clandestino del barrio porteño de Flores que se incendió el lunes y en el que murieron dos niños de siete y diez años había sido denunciado el 24 de septiembre del año pasado pero nunca recibió inspección. 
(...) la Fundación La Alameda ya había presentado hace más de medio año ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que depende de la Procuración General de la Nación, una denuncia contra 30 puntos de trabajo ilegal y explotación "esclavista" de personas, entre los que figuraba el de Páez 2796, escenario de la tragedia del lunes.
Marcelo Colombo, titular de PROTEX, ordenó entonces a la Subsecretaría de Trabajo porteña que controlara las direcciones denunciadas, pero el trámite se cumplió de manera parcial y sin incluir el taller de Flores. Colombo recordó que "la Ciudad tiene la capacidad y el deber de hacer inspecciones laborales para establecer situaciones irregulares. Lo que sucede a veces es que, cuando los inspectores se encuentran con la oposición de parte del titular del lugar, tienen que obtener una suerte de orden de requisa de parte de la Justicia Contravencional".
Según Colombo, "nosotros teníamos una denuncia de 32 talleres textiles clandestinos en la zona y con esas denuncias lo que hicimos es hacer comunicaciones al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad para intentar establecer si tenían antecedentes respecto de esos domicilios. Este lugar que se incendió no había recibido ninguna inspección ni ningún control y nosotros estábamos analizando otros lugares donde sí se habían realizado inspecciones".
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Dos niños murieron calcinados en el incendio de un taller clandestino de Flores.
El siniestro se produjo alrededor de las 9.20 en Páez 2796 y afectó a un subsuelo donde aparentemente dormían los menores. El fuego también le produjo graves quemaduras a una mujer de 40 años que debió ser trasladada al Hospital Alvarez, según voceros policiales y del SAME.
Los pequeños vivían en condiciones infrahumanas en el subsuelo junto con sus padres, con puertas y ventanas bloqueadas, tapiadas y enrejadas.
"Los dos niños varones fallecidos aparentemente estaban durmiendo y no llegaron a salir de la vivienda", relató a los medios Alberto Crescenti, director del servicio de emergencia SAME, según la agencia DyN
Según sostuvo Télam, los efectivos que trabajaron en el lugar se encontraron con máquinas para la confección de ropas, rollos de tela y elementos que confirmarían la existencia en el lugar de un taller textil aparentemente clandestino.
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Trágico incendio en un taller textil clandestino: murieron dos chicos.
Hacinamiento junto a las máquinas de confección, falta de ventilación,
higiene y privacidad, entre otros padecimientos que experimentan los explotados, son los denominadores comunes en estos talleres que funcionan de manera irregular y que ayer volvieron a ser escenario de un hecho trágico. En marzo de 2006, el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale, en Caballito, provocó la muerte de una mujer y cinco niños que quedaron encerrados y no pudieron escapar de las llamas. Nueve años pasaron y la causa, paralizada, no tiene culpables.
Según una denuncia hecha por la Fundación La Alameda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en septiembre del año pasado, en la misma manzana del incendio de ayer funcionan seis talleres ilegales: en los números 2710, 2721, 2766, 2775 y 2796 de la calle Páez, y en el 909 de la calle Terrada.
"El gobierno porteño protege permanentemente a los talleres clandestinos", continuó Castro, y detalló: "El director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en vez de proteger a los trabajadores, protege a los empleadores de estos talleres clandestinos y los pone en alerta. Cuando le llega una actuación de algún inspector porque se descubre un taller clandestino, en lugar de fiscalizar para clausurarlo, Macchi notifica por escrito al empresario de que hay una denuncia en su contra. Así, le avisa que lo pueden clausurar. Ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección porque, cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires."
Castro es quien denunció las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes de que se produjera el incendio que le costó la vida a diez bomberos, el 5 de febrero de 2014.
Patricia Rodríguez Ortega vive a dos casas del taller que se quemó. Dice que están rodeados de talleres ilegales y contó: "Desde mi casa se ve el humo de las calderas porque cosen, lavan y planchan. En la cuadra paran camiones y de noche bajan contenedores enteros llenos de mercadería. Durante la madrugada tenés el ruido de las máquinas que cosen, los carritos que pasan por la vereda cargando y descargando mercadería. Trabajan las 24 horas, es 'cama caliente'. No paran. Sabíamos que esto podía pasar."
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Tras la muerte de dos nenes, acusan al gobierno porteño de proteger a los talleres clandestinos.
El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.
El inspector recordó que “en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de Gobierno porteño, hubo un siniestro similar en un taller clandestino en la calle Luis Viale, en Flores, donde murieron dos chiquitos”.
La diferencia con Macri es que Ibarra en esa ocasión denunció al director de Trabajo, Florencio ‘Pichi’ Varela. En cambio ahora no va a ocurrir lo mismo con Macchi, quien debería renunciar, porque él recibió la denuncia, y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”, sostuvo Castro, quien denunció las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes que se produjera el incendio que le produjo la muerte a diez bomberos, declarado intencional por la Policía Federal.
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"El gobierno macrista ampara a los empresarios explotadores".
El legislador porteño por el espacio Seamos Libres, Pablo Ferreyra, consideró que la
inacción del gobierno porteño en materia de legislación sobre los temas relacionados con la clandestinidad laboral "es una constante en la Ciudad". En diálogo con Tiempo, el ex precandidato a jefe de Gobierno porteño por Alternativa Buenos Aires consideró que "la Legislatura se debe una discusión sobre esta temática", y resaltó que "la misma mujer de Macri, Juliana Awada, está sospechada de que su marca tiene talleres clandestinos".
"Hay que buscar soluciones para sacar a los trabajadores de la informalidad. Faltan políticas de regulación y el PRO se niega a dar los debates. También pasa algo similar con los manteros y los cuidacoches. El gobierno macrista ampara y avala a los empresarios explotadores", agregó Ferreyra, quien destacó que actualmente "hay proyectos presentados en relación a la situación de los manteros y cuidacoches", y que están trabajando en proyectos relacionados con la tercerización laboral en la Ciudad.
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La marca Cheeky de Juliana Awada filmada y denunciada por trabajo esclavo.




El taller clandestino, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos hace tres años que trabaja exclusivamente para la firma Cheeky que actualmente dirige Juliana Awada, confeccionando pantalones para chicos, de esos que salen $220 para
arriba cada uno. En ese taller son superexplotados 13 costureros de origen boliviano, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs por la miserable suma de $ 1800.
Los costureros están encerrados y para ir a hacer un simple mandado a la calle y traspasar la puerta de hierro, deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán. El propio costurero que hizo la cámara oculta, tuvo que dejar su bolso para poder salir con la excusa de buscar una farmacia. Los costureros están hacinados en cuartos muy pequeños con cama cuchetas. Y en esas mismas camas cuchetas deben comer, ya que carecen de mesas y sillas como puede verse claramente en la cámara oculta. Los niños de varios de esos costureros también están sometidos al encierro. Todos comparten un baño muy precario.
La instalación eléctrica es precaria y entraña riesgo de incendio y los costureros aspiran polvillo de la tela todo el tiempo, exponiendose a enfermedades pulmonares como la tuberculosis.
Cheeky ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, la Defensoría del Pueblo y la Alameda en enero de 2007. En aquella oportunidad, se habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la servidumbre. Lamentablemente un escandaloso fallo del ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.
Ni las inspecciones del GCBA en época de Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los videoinformes y denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia castigue la impunidad de Daniel y Juliana Awada que siguieron todos estos años maximizando ganancias en base a la explotación más abyecta de costureros migrantes en talleres clandestinos con trabajo esclavo.
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Juliana Awada ha sido varias veces denunciada (es prima de Daniel Wada denunciado por el gobierno anterior y la Defensoría por trabajo esclavo de su firma Cheeky en enero de 2007).
La oirganización suministró un video con un resumen de las denuncias sobre Juliana Awada y el crudo testimonio de un costurero que trabajó en sus talleres en brutales e inhumanas condiciones de trabajo.

AWADA EXPLOTA TRABAJADORES EN TALLERES CLANDESTINOS
La conocida marca de ropa Awada, quien vende sus prendas a muy altos precios generando ganancias extraordinarias tiene una denuncia penal por explotar trabajadores en talleres clandestinos. Aquí el informe realizado por la Alameda.



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Juliana Awada: la Primera Dama porteña, educada para sonreír
En los últimos tiempos, Awada y Cheeky fueron involucrados judicialmente en una megacausa de empresas textiles que “tercerizaban” la elaboración de sus productos en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Finalmente, el juez Guillermo Montenegro los sobreseyó, en una de sus últimas resoluciones antes de ingresar al elenco ministerial del PRO. En la actualidad, Awada cuenta con trece locales propios y una facturación anual estimada en 25 millones de pesos.
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Sigue paralizada la causa contra 106 textiles acusadas de trabajo esclavo.
La organización La Alameda puso el tema sobre el tapete, pero en ocho años no hubo un sólo juicio oral por trabajo esclavo textil.
Son denuncias contra marcas líderes que usan talleres clandestinos para producir prendas que luego venden  en los grandes shoppings. 
La extensa lista de denunciados sorprende por la fama de los nombres que la componen, por ejemplo Adidas, Puma, Vitamina o Awada, perteneciente a la primera dama porteña, Juliana Awada. Además, existen denuncias contra diseñadores "top" como Jorge Ibáñez, Laurencio Adot y Benito Fernández.
Con la referencia cercana de Cromañón, el Ejecutivo porteño, a cargo de Jorge Telerman, impulsó un proceso que terminó con 30 denuncias. Pero el compromiso fue corto: con la victoria de Mauricio Macri las investigaciones se congelaron. Hoy, la propia mujer de Macri es propietaria de una de las 106 empresas procesadas.
La reconocida marca de ropa para niños Cheeky, propiedad de Awada, comparte lugar en la indeseable lista con otras compañías como Nasa, Graciela Naum, Topper, Gabucci, Chocolate, Cheeky, Fila y Le Coq Sportif.
Lo más común es que las marcas utilicen los talleres para tercerizar la fabricación, pero muchas veces los talleres pertenecen efectivamente a las grandes compañías. "Cheeky –empresa de la mujer de Macri– puso plata directamente para que se pusieran los talleres; y lo sabemos por declaraciones del gerente general de la empresa", aseguró Schaerer.
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Como queda claro, una cosa es tener los medios de difusión hegemónicos en contra y otra es tenerlos a favor. No importan las víctimas de los talleres clandestinos, del boliche Beara, de los gimnasios derrumbados, etc.
Además (y más importante) una cosa es tener a los jueces investigando y procesando un gobierno y otra muy distinta es tenerlos como funcionarios del mismo gobierno, ¿no? Lo que se dice: todo un aparato al servicio de la impunidad...
Por eso, reafirmamos ahora la respuesta del principio:
¿Cuántos Cromañones resiste el macrismo? Dos, tres, muchos Cromañones...



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